Solicita que se aclare el alcance que los 1.915 millones de euros de pérdidas tuvieron en los coeficientes de solvencia
MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
El expresidente del Banco Popular Emilio Saracho se ha dirigido al juez instructor del 'caso Popular' para que solicite a los peritos que elaboraron el informe judicial de 2019 que concreten qué impacto tendrían en los coeficientes de solvencia del banco a fecha 31 de diciembre de 2016 las pérdidas de 1.915 millones de euros a las que ellos mismos hacen alusión.
En un escrito de este mismo viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Saracho pone el foco en una parte del citado documento en el que los peritos hacen alusión a las pérdidas que la entidad sufrió antes de su llegada a la dirección del Popular.
Fue el pasado mes de marzo cuando el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama encargó a los peritos que ampliasen un informe que elaboraron en 2019 a fin de determinar si a finales del año 2015 se mantenía un déficit de provisiones por parte de la entidad y su "trascendencia" para las cuentas anuales de la entidad.
Del análisis de la citada pericial, la representación del expresidente del banco apunta que los peritos "ya cuantificaron un máximo (con la información de la que disponían en ese momento) del impacto de los déficits de provisiones --que sumaban 4.180 Millones de euros - por inversión crediticia y adjudicados".
En total, las pérdidas ascendían a los citados 1.915 millones de euros. A juicio de su letrado, esos déficits debieron haberse registrado, como mínimo, a fecha 31 de diciembre de 2016. Ahora, Saracho quiere que los peritos del Banco de España que realizaron ese informe establezcan el impacto que tendrían las mismas en los coeficientes de solvencia.
Además, apuntan que "se aprecia una horquilla entre el mínimo que indica la Inspección del Banco Central Europeo en su informe de 23 de enero de 2018 y el máximo que refieren los peritos judiciales del Banco de España donde incluyen las provisiones adicionales de 4.180 millones de euros --que incluyen inversión crediticia y adjudicados- que arrojan" las citadas pérdidas.
REFERENCIAS AL PLAN DE CAPITAL Y DE NEGOCIO
En su escrito, la defensa de Saracho también se refiere al plan de capital de 10 de abril de 2017 y al plan de negocio de 31 de mayo de ese mismo año. "Que el Banco Popular tenía un déficit de capital fue conocido por Saracho a los pocos meses de asumir su Presidencia y de ahí la elaboración de un plan de capital", recuerda.
"El verdadero problema", aducen, "era saber cuánto capital faltaba". "Desgraciadamente, averiguar el tamaño de dicho agujero no era tarea sencilla: implicaba una retasación - con tasaciones adecuadas a la normativa española - de todos los inmuebles para cumplir de forma fidedigna con la normativa contable del Banco de España", asegura.
En este contexto, y "debido a la cantidad de créditos y activos inmobiliarios, ese ejercicio de transparencia conllevaba un bien preciado: tiempo". "Realizar en pocos meses lo que no se había hecho en varios años fue una tarea hercúlea pero el equipo gestor bajo la Presidencia del señor Saracho se afanó en el intento. Es decir: todo el equipo gestor de esa época actuó diligente y lealmente", sostiene.
De ahí, continúan, "lo cauto que tuvo que ser" Saracho en la junta de accionistas del 10 de abril de 2017. Mientras que "no se podía ocultar al mercado que se necesitaba capital", tampoco se podía "cuantificar el importe de dicha necesidad de capital puesto que se desconocía como consecuencia del incumplimiento reiterado de la normativa contable de Banco de España". "A lo que no podía exponerse el nuevo equipo gestor del Banco Popular era a volver a realizar una ampliación de capital insuficiente", añade.
SOBRE LOS RATIOS REGULATORIOS
Así y "hasta que la Inspección del Banco Central Europeo no proporcionó los datos el 31 de mayo de 2017, no se conocía una parte importante del déficit de capital que arrastraba el Banco Popular". Por ello, el citado plan de negocio presentado al Consejo de Administración que es el que toma como referencia el mencionado informe de los peritos judiciales de 8 de abril de 2019 prevé la necesidad de una ampliación de capital de entre 3.100 y 4.050 millones de euros para poder cumplir con los ratios regulatorios.
En lo referido al impacto en el ratio CET-1 de la entidad de los máximos apuntados por los peritos del Banco de España, una primera aproximación vino dada a los pocos días del Consejo de Administración en el informe complementario de 6 de junio de 2017. El mismo cifraba el CET-1 en un 4,59%.
"Es decir, sólo teniendo en cuenta las revisiones de la cartera de crédito y la retasación de inmuebles - que estaba pendiente de concluir - ya se estimaban unas provisiones de 3.125 millones de euros (1.525 + 1.600 millones de euros). Y en esa situación ya el ratio CET 1 descendería en torno al 4.59%", apunta su representación.
Como conclusión, añade, si en lugar de las provisiones de 3.125 millones de euros se toman como base el total de las provisiones referidas en el informe de los peritos --y consignadas en el Plan de Negocio de 31 de mayo de 2017 -- ascendentes a 4.180 millones de euros, "entonces el ratio CET-1 sería incluso menor".
Todo ello en el marco del 'caso Popular', en el que el magistrado investiga por un lado las presuntas irregularidades contables del banco en 2016, con la ampliación de capital de más de 2.000 millones de euros, y por otro las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.
