Ve a Generalitat y otras instituciones públicas como "la protoadministración de un Estado catalán" desvinculada del ordenamiento español
MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
Societat Civil Catalana (SCC) ha presentado este jueves un informe en el que denuncia los "déficits de calidad democrática" que ha observado en Cataluña, empezando por las actuaciones "absolutamente desleales" de la Generalitat y de las entidades locales que, "vulnerando la legalidad", están impulsando el proceso hacia la independencia.
Otros problemas que ha constatado son "la instrumentalización de las políticas de comunicación al servicio de la denominada construcción nacional", con la consiguiente "intoxicación del debate público", y la "obsesiva demonización de los discrepantes", que evidencia "la gran contradicción" de un nacionalismo catalán "incapaz de respetar la diversidad existente en su propio territorio".
En la presentación del informe en Madrid, el presidente de SCC, Josep Ramon Bosch, ha explicado que su deseo es "alzar la voz" en nombre de los ciudadanos a los que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, "ha decidido no representar" porque rechazan la independencia. Bosch ha estado acompañado en el acto por varios miembros de la Junta Directiva de la asociación: el secretario, José Domingo, y los vocales Rafael Arenas, María Isabel Fernández y Francesc Moreno.
Según se indica en el informe, la Generalitat y otras instituciones y autoridades públicas catalanas han dejado de actuar en su condición de autoridades e instituciones españolas, pasando a hacerlo como "la protoadministración de un Estado catalán, desvinculada del ordenamiento español".
Sobre la Generalitat, afirman que, al poner en funcionamiento el Consejo Asesor para la Transición Nacional y las estructuras de Estado --algunas de ellas explícitamente y otras sin publicidad, según SCC--, está actuando al margen de la ley.
También censuran la "explícita voluntad de quebrantamiento de la Constitución" con el 'proceso de participación ciudadana' del 9 de noviembre de 2014 y con las elecciones denominadas "plebiscitarias" del próximo 27 de septiembre para declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. Igualmente, se denuncia la "usurpación" de competencias estatales en materia internacional para establecer contactos diplomáticos "en contra de los intereses generales de España".
PÉRDIDA DE DERECHOS Y LIBERTADES
En cuanto a las declaraciones por parte de responsables públicos de que podría procederse a una declaración unilateral de independencia, SCC advierte de que esto erosiona la seguridad jurídica, puesto que un poder público "amenaza con enfrentarse de forma abierta a la legalidad vigente".
También produciría, a su entender, una pérdida de derechos y libertades de los catalanes, así como una alteración de su estatus jurídico, porque dejarían de ser españoles y europeos o serían extranjeros en su tierra.
Otras administraciones públicas a las que se refiere el documento son los ayuntamientos catalanes, parte de los cuales se han adherido a la Asociación de Municipios por la Independencia. Esto, según SCC, "choca frontalmente con la libertad de pensamiento o conciencia" de los ciudadanos, que ven como una ideología adquiere "carácter oficial".
Asimismo, el informe recuerda que los actos de toma de posesión de algunos ediles fueron "manifiestamente inconstitucionales" porque, al hacerlo, afirmaron que se pondrían a disposición de las autoridades que surjan tras el 27 de septiembre para "ejercer la autodeterminación y proclamar el Estado catalán libre y soberano".
También se denuncia la "invasión simbólica de edificios oficiales y espacios públicos", con la retirada de banderas españolas y la colocación de esteladas, las cuales "representan el sentir de solo una parte de los ciudadanos" y están orientadas a "destruir el modelo de convivencia" vigente en España.
CONTROL DE LOS MEDIOS Y DISCRIMINACIÓN LINGÜÍSTICA
El segundo apartado del informe se refiere a las "políticas de comunicación para la construcción nacional", que se traducen, según la asociación, en el "control gubernamental" y el "descrédito" de los medios públicos catalanes, en la "deriva proindependentista" del Consejo Audiovisual de Cataluña, en las subvenciones a "medios privados afines" y en el uso "propagandístico" de la publicidad institucional.
Otro ámbito abordado por el documento de SCC es la "falta de neutralidad política" y la "discriminación lingüística" en los centros educativos. El primer punto se refiere al "adoctrinamiento nacionalista" en las aulas, y el segundo, a las instrucciones de la Generalitat para "hacer del catalán la única lengua de enseñanza".
Por último, la asociación presidida por Josep Ramon Bosch apunta a la "demonización del discrepante" en Cataluña, poniendo como ejemplo su propio caso, ya que desde algunos medios digitales financiados por la Generalitat se ha identificado a SCC con planteamientos políticos de extrema derecha.
