Archivo - La fachada del Senado tras el acto de Izado Solemne de la bandera de España, en la plaza de La Marina Española, a 6 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo
MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Senado ha aprobado la reforma penal impulsada por Junts para endurecer el castigo a la multirreincidencia, con la incorporación de varias modificaciones de PP, Vox y PSOE, por lo que será devuelta al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva tras su paso por la Cámara Alta.
La iniciativa, que pretende aumentar las penas para delincuentes reincidentes, continúa así su tramitación parlamentaria después de que el Senado haya validado el dictamen aprobado en comisión --con el voto del Partido Popular-- y haya rechazado todas las enmiendas debatidas durante la sesión plenaria.
Al haberse introducido cambios durante su tramitación en la Cámara Alta, la norma deberá volver al Congreso, que tendrá que decidir si valida o rechaza las modificaciones incorporadas por el Senado.
Durante el Pleno, los grupos han debatido las enmiendas que quedaron pendientes tras la Comisión de Justicia, en un debate marcado por el choque entre quienes defienden un endurecimiento penal y quienes alertan de sus efectos.
VOX DEFIENDE LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS REINCIDENTES
Durante el debate, Vox ha defendido varias enmiendas --rechazadas en la comisión-- centradas en endurecer el tratamiento penal de los delincuentes extranjeros reincidentes, entre ellas la expulsión automática del territorio nacional tras una nueva condena.
En su intervención, la formación de Santiago Abascal ha sostenido que cuando un extranjero reincide "demuestra una voluntad persistente de incumplir las normas que rigen la convivencia en España" y ha reclamado que el Estado actúe "con firmeza".
Asimismo, Vox ha planteado suprimir la posibilidad de invocar el arraigo para evitar la expulsión, al considerar que esta figura se ha utilizado de forma "extensiva".
Entre sus propuestas, también ha defendido que los delincuentes extranjeros cumplan sus penas en sus países de origen y que la expulsión conlleve la pérdida de ayudas públicas, ya que considera "incoherente" que quienes delinquen sigan accediendo a recursos públicos.
Sin embargo, todas estas enmiendas han sido finalmente rechazadas por el Pleno del Senado.
PSOE CRITICA LA "AGENDA ULTRA"
Por su parte, el PSOE ha defendido su voto particular frente a las enmiendas debatidas en el Pleno, especialmente las impulsadas por PP y Vox, y ha advertido de que introducen una "agenda ultra" en la ley.
Durante su intervención, los socialistas han criticado que estas propuestas trasladan la idea de que la población migrante es delincuente y han advertido de que medidas como la expulsión automática suponen una "criminalización de la inmigración" y pueden vulnerar derechos fundamentales.
Asimismo, han insistido en que la multirreincidencia es un problema real de seguridad ciudadana, pero han rechazado vincularlo con el origen de las personas o endurecer el Código Penal sin tener en cuenta el contexto social.
Por su parte, los 'populares' han afirmado que "una democracia fracasa si no protege a la gente honrada frente a quien vive de violar la ley" y han denunciado que el sistema actual permite que algunos delincuentes "hurtan una y otra vez sin consecuencias".
En esta línea, han defendido las modificaciones introducidas en materia de extranjería, al considerar que "no se puede combatir eficazmente la multirreincidencia si el ordenamiento permite que personas con antecedentes penales accedan o mantengan autorizaciones de residencia".
Asimismo, han vinculado esta reforma con la necesidad de reforzar la seguridad en las calles y han señalado que la reiteración delictiva debe tener "consecuencias reales".
Por el contrario, otros grupos como Esquerra Republicana, EH Bildu o Izquierda Confederal han rechazado el enfoque de la reforma y han cuestionado su eficacia para reducir la delincuencia.
Durante el debate, han denunciado que se trata de una respuesta basada en el "punitivismo", que consideran "tan cruel como inútil", y han advertido de que el endurecimiento de las penas no resolverá el problema de la multirreincidencia.
En este sentido, han defendido que muchos de estos delitos están vinculados a factores como la exclusión social o la falta de oportunidades, por lo que han apostado por políticas preventivas y sociales.
Por su parte, Coalición Canaria ha criticado el rechazo por parte de los servicios jurídicos a su enmienda, que buscaba ampliar las competencias del Cuerpo de Policía Canaria para ejercer funciones de policía judicial, por considerarla "incongruente con la ley".
ENMIENDAS INCLUIDAS
Durante su tramitación en el Senado, el PP hizo uso de su mayoría absoluta en la comisión de Justicia para introducir varias modificaciones en el texto, centradas principalmente en reforzar los controles en materia de extranjería.
Una de las enmiendas incorporadas modifica la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social --conocida como Ley de Extranjería-- con el objetivo de reforzar las garantías frente a la impunidad.
En este sentido, plantea que las autorizaciones de residencia requieran la ausencia de antecedentes penales tanto en España como en los países de residencia anteriores, así como la inexistencia de procedimientos penales relevantes.
Además, propone denegar la residencia a quienes hayan sido condenados como reincidentes y establece que la Administración pueda recabar informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para valorar posibles amenazas al orden público.
Por último, incluye que los procedimientos de expulsión no se suspendan por la solicitud de permisos de residencia.
En el caso de Vox, durante la tramitación sí se incorporó una enmienda relativa a la cooperación internacional para facilitar que los delincuentes reincidentes expulsados cumplan sus penas en sus países de origen.
En su tramitación en el Congreso, PP, PNV y Junts acordaron una enmienda 'in voce' que establece penas de prisión de uno a cinco años por el denominado 'petaqueo', vinculado al suministro de combustible a narcolanchas.
Además, el PSOE ha introducido modificaciones para incluir un subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico en los casos vinculados a cultivos 'indoor' de marihuana, con el objetivo de endurecer las penas en estos supuestos.