PP, en contra, la califica de "memoria económica de la memoria histórica" y dice que el fin es "más dinero" para algunos partidos
MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Constitucional del Senado aprobó hoy definitivamente la reforma de la Ley de de devolución a los partidos políticos de los bienes y derechos que se les incautaron durante la Guerra Civil, que amplía el ámbito de la ley y flexibiliza los mecanismos de prueba para presentar solicitudes de devolución. El PP, único que votó en contra, insistió en que se aprueba el "expolio" del Estado y en que la ley es "la memoria económica de la memoria histórica".
La iniciativa, que se ha aprobado sin modificaciones respecto a lo aprobado en el Congreso, no deberá pasar al pleno del Senado porque se aceptó la competencia legislativa plena de la Comisión Constitucional sobre este asunto, de manera que entrará en vigor tras su publicación en el BOE.
Concluye así la reforma de la ley que promovió el primer Gobierno del PP y que se aprobó en 1998, pero que para varias minorías del Congreso no dio los resultados esperados. Así, CiU, ERC e IU-ICV presentaron sendas proposiciones de ley que fundieron finalmente en una, la que hoy se aprobó en el Senado.
El senador del PP José Manuel Barquero explicó que para su partido esta es una "ley de autor y para sus autores, porque la van a aprobar quienes van a percibir más dinero". El principal problema de la reforma para el PP es el artículo 6.2, que abre la posibilidad a que el Gobierno "podrá fijar equitativamente una compensación" en los casos en que no se pueda acreditar la "totalidad" del perjuicio patrimonial sufrido "ni siquiera por medios indiciarios".
"Destruye la seguridad jurídica, consagrando presuntas arbitrariedades", dijo el senador Barquero. A su juicio, para flexibilizar la norma no era necesario introducir esa novedad porque la ley hasta ahora en vigor, la impulsada por el PP, no impide recurrir a las presunciones para probar una propiedad o un derecho, "porque habla de todos los medios de prueba, no establece restricciones". El senador también aseguró que la ley ya "ha dado sus frutos" y ha permitido la devolución de 695.000 euros a ANV, 1,7 millones de euros a ERC, 3 millones a Izquierda Republicana, 1 millón al PC, 10,5 al PNV o 10,8 millones al PSOE.
Su compañero de filas José Ferrández insistió en esta idea de la discrecionalidad que se abre en opinión del PP y preguntó además "qué es fijar equitativamente una compensación". "¿Cómo se mide la equidad del Gobierno?", inquirió. "Tenemos la absoluta seguridad de que el Gobierno ha utilizado esta fórmula para establecer a su libre albedrío unas cantidades de dinero en función de lo que en cada caso le pueda interesar", agregó.
Por parte del PSOE, Ruth Porta les respondió que el PP demuestra con sus argumentos "que nunca quiso esta ley y que nunca quiso aplicarla" y que la impulsó en su día para compensar a las formaciones políticas que le daban la mayoría (CiU y el PNV), "estrategia de viaje al centro al que nunca llegaron".
Porta explicó que "en el remoto caso" en que aplique el nuevo artículo 6.2, al que fundamentalmente se opone el PP, quedará el control al Gobierno en las Cortes para exigir explicaciones, añadió que el uso de fondos públicos está sometido a control y que siempre queda además la jurisdicción ordinaria "si se cree que hay malversación de fondos".
En cuanto al resto de portavoces, todos expresaron su apoyo a la reforma, aunque no hubo gran debate por entender la mayoría de los portavoces que se trataban de cuestiones técnicas. Por CiU, Jordi Casas defendió que se permite ahora "que pueda ser efectivo lo que se pretendía, el objeto de la ley". "Y puede parecer que pueda haber cierta discrecionalidad, lo que se viene a reparar también fue hecho en absoluta indefensión jurídica y por tanto hay cosas que serían difíciles de documentar porque en la época se hicieron como se hicieron y no se puede exigir un rigor jurídico que en su momento no hubo", argumentó.
Por el PNV, su portavoz, Joseba Zubía, insistió en que el objetivo de la reforma es "superar dificultades y lagunas" de la norma hoy en vigor porque probar la titularidad de algunos bienes y derechos ha sido de enorme dificultad, "por ser aquellos tiempos de guerra, por la práctica de tener entonces los partidos políticos sociedades interpuestas y porque han pasado 60 años".
