MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Mesa del Senado ha trasladado a la Fiscalía General un escrito de la Comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos, presentado por el PP, para que decida si debe actuar o no contra la negativa a declarar de una exempleada de la empresa Crespo Gomar, envuelta en un supuesto caso de corrupción del PSPV en Benidorm.
La Cámara ha cumplido así con el anuncio que hizo el PP, con mayoría absoluta en el Senado, tras la sesión de la comisión del pasado 25 de octubre en la que Lucía Pascual, ex trabajadora de la citada empresa, se negó a responder a las preguntas de los 'populares'. "No voy a contestarle", fue la respuesta de la compareciente a las sucesivas preguntas de Luis Aznar.
En el escrito, al que se le ha añadido una copia del acta de aquella sesión, el PP explica que la Constitución prevé la creación de comisiones de investigación parlamentarias, que la Ley Orgánica 5/1984 desarrolla la obligación de comparecer ante ellas y que el Código Penal castiga tanto el no acudir como no decir la verdad. Además, el Reglamento del Senado prevé que a estas comisiones se pueda llamar a "cualquier persona para declarar".
En todas estas normas, los 'populares' entienden que el hecho de comparecer queda vinculado con el de dar testimonio, que desde este punto de vista sería por tanto obligatorio.
Dicho esto, el PP asegura en su escrito que Lucía Pascual decidió "no colaborar" con la comisión de investigación y no quiso responder a las preguntas del portavoz 'popular' sobre "las funciones y el funcionamiento" de la empresa en la que había trabajado. Según argumenta el grupo mayoritario, se negó a contestar a asuntos "tan inocuos como la ciudad en la que reside en la actualidad".
El PP ha dedicado varias sesiones de la citada comisión a investigar la supuesta financiación irregular del PSPV y el Bloc. En este contexto llamó a declarar a la ex empleada de Crespo Gomar, empresa que según el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia
habría facturado servicios a dichas formaciones durante la campaña electoral del año 2007 "de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios prestados, mediante la confección de facturas falsas coincidentes en su cuantía con las presentadas por Crespo Gomar".
