MURCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -
El ex alcalde del municipio de Ceutí (Murcia) y senador del PSOE, Manuel Hurtado, comparecerá hoy en calidad de imputado ante el juzgado número cinco de Molina de Segura por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación a irregularidades en la adjudicación de las obras de construcción de un Complejo Deportivo en el municipio, según informaron a Europa Press fuentes cercanas al caso.
En concreto, se trata de la adjudicación a una empresa para la construcción del Complejo Deportivo 'José Antonio Camacho' de Ceutí, por un precio de 1.883.263,85 euros.
La declaración ya está fijada por resolución y, salvo que haya alguna circunstancia de suspensión, no se modificará. Sin embargo, las mismas fuentes apuntaron que el hecho de que el imputado sea senador "va a producir es la inhibición del juzgado a favor de la sala segunda del Tribunal Supremo".
En este sentido, declaró que "la primera pregunta que el letrado que lleva el caso va a hacer a Hurtado en el interrogatorio es si es senador, y si responde afirmativamente, automáticamente va a instar que el juzgado se inhiba y mande las actuaciones al Tribunal Supremo".
Los hechos se remontan al pasado mes de mayo de 2007, cuando la presidenta del Partido Popular en Ceutí, Beatriz Sandoval, y la concejala, Adoración Ayala, anunciaron la presentación de una "querella criminal" ante el Juzgado de Instrucción de Molina de Segura contra Hurtado, por "presunto delito de prevaricación y un presunto delito de falsedad documental en la adjudicación y contratación de una obra a espaldas del órgano competente".
Sin embargo, la jueza sobreseyó el pasado mes de junio la querella "porque consideraba que la irregularidad en el procedimiento de adjudicación era una mera irregularidad administrativa, y que no era lo suficientemente grave como para ser un delito", aunque "no se dio cuenta que la contratación era posterior a la construcción", expuso.
Dos meses más tarde, tanto el Ministerio Fiscal como la parte querellante recurrieron ese sobreseimiento, momento en el que el Ministerio dijo que había que investigarlo porque "podía ser un delito de falsedad, porque parecía que se había hecho un procedimiento de contratación para justificar una obra adjudicada a dedo y realizada con casi seis meses de antelación".
Esta circunstancia se incluyó en el recurso contra el sobreseimiento, "que la jueza aceptó en febrero y que hizo revocar su archivo y ordenar practicar una serie de diligencias previas en el presente mes de abril".
Y es que, aunque la querella se presentó en un primer momento por un presunto delito de prevaricación, "a efectos administrativos lo que hay es un delito de falsedad como la copa de un pino", declararon las fuentes consultadas.
Así, la gravedad "reside en que hay unas certificaciones de obra que no responden a obra efectivamente realizada cuando se hizo la certificación, sino a obra hecha casi un año antes", y es que el complejo "se inauguró en diciembre de 2003, la contratación entre el Ayuntamiento y la empresa constructora se firmó en abril de 2004, y la certificación de obra se realizó en agosto de 2004".
A la vista del expediente administrativo "lo que da la impresión es que lo que el Consistorio hizo es, a posteriori, intentar hacer un procedimiento de contratación para justificar lo que había sido una adjudicación hecha un año antes a la empresa adjudicataria". Además, se trató de certificaciones de obra "que están aprobadas por la Junta de Gobierno Local, lo que hace responsable a todos", declaró.
Por todo ello, consideró que la gravedad "no reside en el delito de prevaricación, sino en el delito de falsedad", y además la pena "es mucho más grave, porque es falsedad cometida por un funcionario público en un documento público".
"PRESUNTA FALSEDAD".
Así pues, el 10 de diciembre de 2003, el periódico municipal "publicó la inauguración del complejo deportivo José Antonio Camacho, con fotografías de los entrenadores de fútbol Vicente Del Bosque y José Antonio Camacho", algo que justificó "ya que existen pruebas documentales".
Más tarde, la contratación del complejo "se hizo en abril del 2004, momento en el que se le adjudicó y las certificaciones de obra son de agosto de 2004", cuando la obra, "para estar lista en diciembre, tuvo que empezar un año antes, en verano del 2003", estimó.
Este "periodo" de tiempo entre la construcción y los procedimientos administrativos "de un año prácticamente desde que empiezan materialmente las obras hasta que se hace una certificación para decir que se estaban haciendo", es el que fundamenta la nueva querella.
De hecho, las mismas fuentes apuntaron que el acta de replanteo, que es el acta donde formalmente tanto el Ayuntamiento como el contratista declaran que el suelo está disponible y se puede hacer la obra, "es de mayo de 2004, muy posterior a la inauguración", concretó.
Por todo ello, el juzgado "pedirá al Ayuntamiento que certifique en qué momento se paga, porque, evidentemente, se tuvo que pagar en 2003", aunque la certificación "se hace luego para aparentar que se está pagando en el 2004, pero no, se hace en el 2003 y se paga contra nada, es decir, no hay una adjudicación ni hay nada".
En este momento, el TSJ se encuentra en fase de practicar la instrucción y las diligencias, entre las cuales, el alcalde será llamado a declarar como imputado, ya que "es una de las diligencias más probables en estos procedimientos, que hable la persona contra quien se querella", precisó el TSJ.
Sin embargo, el Tribunal se negó a dar más datos ya que la instrucción "es secreta" y el juzgado ahora mismo está investigando los hechos. Por todo ello, dijo que el caso "no deja de ser una querella de parte", y descartó ofrecer más información "hasta que no haya una decisión judicial que se pronuncie al respecto".
Aunque el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ceutí no quiso hacer ninguna declaración a Europa Press.
