Cuestionan las identificaciones masivas en la vía pública o lugares de ocio y la figura de la retención
MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos policiales han demandado al Ministerio del Interior una "clarificación legal" sobre determinadas prácticas policiales que pueden derivar en actuaciones ilegales durante el desempeño de su trabajo. Durante la reunión del Consejo de Policía celebrado ayer, las diferentes organizaciones sindicales entregaron un texto al director general de Policía y Guardia Civil recogiendo sus planteamientos, que también han derivado al fiscal general del Estado y al Defensor del Pueblo.
En el escrito, los sindicatos policiales hacen referencia a las identificaciones "masivas e indiscriminadas" en la vía pública o en locales de ocio, que desarrollan "en cumplimiento de órdenes superiores", ya que entienden que estas actuaciones "pueden vulnerar la legislación vigente". Estas identificaciones se producen "sin ninguna razón de sospecha sobre determinadas personas, por ser jóvenes, por transitar por determinada zona o por ser de origen extranjero", critican.
Por eso los sindicatos requieren a Interior que precise "cuándo, en qué circunstancias y supuestos, y por cuánto tiempo" se puede impedir la libre circulación de un ciudadano en la vía pública o en locales de ocio.
El texto apunta el "difícil equilibrio" de una Constitución que evidencia "zonas oscuras" en las que la acción policial, a juicio de los propios sindicatos, "atenta" contra la libertad de los ciudadanos y "pone en riesgo la protección jurídica de los policías". Estas actuaciones derivan en que los mismos policías, en cumplimiento de sus funciones, ejecutan órdenes que conllevan "condenas".
¿ES LA RETENCIÓN LEGAL?
En esta línea, los sindicatos se refieren concretamente a la figura de la retención, ya que las leyes que se desarrollan en torno a este tema y las sentencias existentes "establecen que no hay espacio intermedio entre la detención y la libertad". Y señalan que este tipo de actuaciones se han incrementado en los últimos años hasta convertirse "en la dinámica habitual de trabajo", hechos que no "ampara la obediencia debida".
Asimismo, se refieren a la reforma del Código Penal de 1995 que agravó las condenas y los efectos de las mismas sobre funcionarios públicos, y que "puede incurrir en el mismo exceso punitivo por el que el Tribunal Constitucional excarceló a la Mesa Nacional de Herri Batasuna en 1999". Y denuncian que dichas leyes desembocan en penas de inhabilitación, "que conllevan la separación definitiva del servicio", cuando es un policía el denunciado.
