Sumar registra una ley para recuperar la jurisdicción universal y evitar que queden impunes crímenes contra palestinos

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha registrado una proposición de ley para recuperar la jurisdicción universal en España para que los tribunales españoles persigan graves crímenes y violaciones de los derechos humanos, a la par que denuncia la impunidad de los cometidos contra la población palestina por parte de Israel.

El diputado del grupo confederal y portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha presentado en rueda de prensa la iniciativa que pretende restablecer el principio de justicia universal que fue cercenado con una reforma en 2009, por parte del Gobierno del PSOE, y eliminado prácticamente en 2014 con otro cambio de la ley orgánica del poder judicial impulsada por el PP durante su etapa en Moncloa.

Santiago ha manifestado que esta proposición no es una iniciativa "ad hoc" de la situación que está atravesando la ciudadanía palestina, pero tampoco se les escapa que se están cometiendo crímenes en Gaza y que no pueden quedar "impunes".

En contraposición, ha afirmado que Hamás también ha perpetrado graves crímenes contra israelís pero, según ha apuntado, éstos son perseguidos de manera eficaz por los tribunales de este país.

CRITERIOS DE LA LEY

Sumar no es el único grupo que ha llevado esta cuestión al Congreso, dado que el PNV registró en sus primeras proposiciones de ley para modificar el artículo 23 de la ley del poder judicial para cambiar la regulación de la jurisdicción universal y evitar "impunidades ante graves crímenes internacionales", todo ello con el fin de que se puedan perseguir en España con independencia de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad de los autores o las víctimas.

El texto planteado por el grupo confederal sigue ese espíritu y establece que la justicia española será competente para investigar delitos cometidos por españoles o personas extranjeras cuando se den los tipos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, delitos de desaparición forzadas acorde a los convenios internacionales, torturas, terrorismo, piratería, trata de seres humanos, tráfico de drogas, esclavitud, mutilación genital o delitos graves contra el medio ambiente.

También recoge la persecución de delitos de "apartheid" cometidos en un contexto de "régimen institucionalizado de opresión o dominación sistemáticas de un grupo racial (...) realizados con intención de mantener dicho régimen". Precisamente diversos cargos de Sumar han denunciado que Israel aplica un "apartheid" a la población en Gaza.

La iniciativa recoge que, sin perjuicio de lo dispuesto en tratados internacionales suscritos por España, debe quedar acreditado que los responsables o las víctimas tienen algún tipo de conexión con España, cerciorándose también que no se ha iniciado ningún procedimiento en la Corte Internacional de Justicia. Salvo en el caso de genocidio.

A su vez, se fija que la víctima pueda denunciar a la Fiscalía o interponer querellas a los tribunales españoles cuando exista un interés legítimo. Y es que Santiago incluía requisitos "absurdos" como que el victimario fuera español o residiera en España, dado que esto suponía prácticamente eliminar el principio de jurisdicción internacional.

Por otro lado, el texto plantea una disposición transitoria única para facultar a los tribunales a reabrir de oficio casos que quedaron archivados con la reforma de los populares en 2014, que motivó el sobreseimiento de la causa abierta por la Audiencia Nacional por la muerte de José Couso en la guerra de Irak en 2003, donde estaba desplazado como informador gráfico para hacer cobertura del conflicto.

Durante su comparecencia, el dirigente de IU ha explicado que el principio de justicia universal se consagró en la primera ley orgánica del Poder Judicial de 1985 para perseguir crímenes internacionales y que, en un contexto internacional de impunidad de crímenes en todo el planeta "sin ningún tipo de límite", es el momento de restaurarlo.

¿CUANTOS MUERTOS DEBE HABER PARA LLEGAR A UN ALTO AL FUEGO?

Por ejemplo, ha relatado que organizaciones les han relatado que se han cometido crímenes contra la población palestina en Israel que "habitualmente quedan en la absoluta impunidad" y no existen "mecanismos de persecución eficaz", mientras que "obviamente" los crímenes que se cometen contra población israelí "son siempre perseguidos".

"Es un ejemplo de esas situaciones de impunidad en tantos países del mundo que se trata de evitar con esta reforma", ha desgranado para agregar que ya en 2009 se hizo una reforma, que a su juicio demandó Israel, para cerrar un caso que se seguía en la Audiencia Nacional sobre "ejecuciones extrajudiciales" en Gaza mediante bombardeos contra la población civil.

Luego y preguntado por su opinión sobre el ataque de Hamás, Santiago subrayado que han dejado por escrito, mediante iniciativas, la "gravedad" de los crímenes cometidos por Hamás y la "eficacia" de la justicia israelí para perseguirlos, "a diferencia de lo que está ocurriendo con los crímenes que se están cometiendo de forma masiva en Gaza" sin que haya ninguna causa abierta en ningún lugar.

"Los defensores de los derechos humanos condenamos todos los crímenes internacionales, todos los crímenes de guerra, de terrorismo, de lesa humanidad, todos los crímenes contra la humanidad y pedimos que se persigan", ha desgranado Santiago.

Es más, se ha preguntado hasta qué número de muertos va a continuar el conflicto sin que se produzca un alto el fuego humanitario inmediato, dado que es muy "grave" lo que está pasando. Y al hilo ha llamado a recordar lo que ocurrió en la "ocupación nazi" en Europa, donde cada vez que "había un ataque contra las fuerzas ocupantes por cada soldado alemán muerto, los nazis fusilaban a 10 resistentes o a 10 personas de la población civil".

BUSCAR CONSENSO CON LA AMNISTÍA PERO SIN DERECHO A VETO

Por otro lado y cuestionado sobre la postura del Cercle d'Economia que apuntaba sobre la amnistía a lograr un gran acuerdo que incorpore al PP, el diputado de Sumar ha dicho que se aspira con esta medida a conseguir el mayor consenso social posible, pero que en ningún caso puede implicar dar derecho de "veto a nadie".