El Supremo rechaza multar a magistrados del TC que no admitieron un recurso por alto nivel de ruido en una vivienda

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo acordó hoy por unanimidad inadmitir la demanda de responsabilidad civil planteada a finales del pasado mes de noviembre por un matrimonio alicantino contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, entre ellos su presidenta, María Emilia Casas. Solicitaban una indemnización de 2.000 euros de cada magistrado por considerar que infringieron de forma "maliciosa" sus deberes profesionales al desoír un recurso de amparo relativo a los ruidos que sufren en su domicilio.

El Pleno acordó hoy archivar sin más trámites esta demanda por "manifiesta falta de fundamento", según informó el Tribunal Supremo en nota de prensa al término de la sesión.

Además de Casas, el resto de los magistrados del TC demandados eran Javier Delgado Barrio, Roberto García-Calvo, Jorge Rodríguez-Zapata y Manuel Aragón. A todos ellos, el matrimonio les acusaba de haber "incurrido en una infracción maliciosa de sus deberes profesionales".

ANTECEDENTES DE MULTA.

El representante legal de la pareja es el abogado murciano José Luis Mazón, quien ya logró en enero de 2004, que el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo acordase condenar a 11 magistrados del TC al pago de 500 euros por la inadmisión "arbitraria" de un recurso que cuestionaba la designación "a dedo" de los letrados del propio TC. Fue la primera vez que el Supremo condenaba a magistrados del Tribunal Constitucional.

El 24 de abril de 2003 los demandantes formularon un recurso de amparo ante el TC, impugnando una sentencia emitida por Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Alicante de 3 de marzo de 2003 que rechazaba indemnizarles por el alto nivel de ruido que soportaban en su domicilio.

Dicha sentencia reconocía que los demandantes soportaron entre enero de 1997 hasta el 16 de octubre de 2000 niveles de ruido superiores a los permitidos reglamentariamente, si bien omitía valorar una prueba pericial psicológica relativa a los sobresaltos, manifestada ansiedad, agresividad verbal y síntomas depresivos que sufre uno de los integrantes de la pareja a consecuencia de esta situación.

En la sentencia de 20 de noviembre de 2006 que rechazó la concesión del amparo, los magistrados demandados -todos los que componían la Sala con excepción de Pablo Pérez-Tremps, que se libró de esta iniciativa por su delicado estado de salud- revisaron "de oficio" la viabilidad de dicho incidente e inadmitieron el recurso de forma "arbitraria", según el matrimonio, que pidió por ello al Tribunal Supremo ser compensado con 2.000 euros por parte de cada uno de los cuatro magistrados demandados.