El Supremo revisará el martes los 2 años de cárcel por malversación del ex edil del PA huido Carlos Fernández

Actualizado: domingo, 3 junio 2007 12:20

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo revisará el martes la condena a dos años de cárcel y tres de inhabilitación para cargo público o funcionarial impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al ex concejal del Partido Andalucista (PA) en Marbella (Málaga) Carlos Fernández, por un delito de malversación de caudales públicos, al apropiarse de parte de las subvenciones del consistorio marbellí destinadas al pago de los jugadores de la Unión Deportiva San Pedro en la temporada 1997-1998, cuando Fernández era concejal de Deportes con Jesús Gil y presidente del club.

El alto tribunal estudiará en una vista pública el recurso interpuesto por Fernández, que se encuentra en busca y captura por la "Operación Malaya", contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que confirmaba otra dictada por el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Málaga. La Sala estará compuesta por los magistrados José Ramón Soriano, Joaquín Giménez y José Antonio Martín Pallín, que será el ponente de la resolución que se dicte.

La sentencia del TSJA consideró probado que existió "una sustracción o desvío patrimonial de fondos públicos por autoridad o funcionario que, por razones de su cargo o funciones, detentaban directa y efectivamente tales caudales".

Para el TSJA, resultó "evidente que las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento no se fijaban en abstracto sino para gastos concretos", de forma que el entonces edil "presentaba una relación de gastos previstos para el mes siguiente y a la vista de esa relación se fijaba el importe de las subvenciones correspondientes".

"No puede ponerse en tela de juicio que los condenados en la instancia se apropiaron de ellas, en tanto que con las restantes pagaron, dentro del Club a varios jugadores sumas muy inferiores a las que había de percibir", apuntó la sentencia del Tribunal Superior.

FALSOS RECIBOS.

La Audiencia de Málaga consideró probado que Fernández y el empleado municipal Antonio de Sola, condenado también a dos años de cárcel, "de común acuerdo y con la finalidad de apoderarse de parte de las subvenciones entregadas por el Ayuntamiento marbellí al club", hicieron firmar, "so pena de no ser contratados", a ocho jugadores, contratos en los que se hacían constar cantidades superiores a las que realmente recibirían, así como recibos por cantidades no satisfechas, "quedándose con la diferencia".

Entendió que el entonces edil de Deportes "tenía facultades decisorias y poder para cobrar en metálico, mediante talones, las subvenciones recibidas del Ayuntamiento" y consideró que era quien "daba las órdenes oportunas para la efectiva ejecución de lo acordado", para lo que se valió de los otros dos acusados, De Sola, que rellenaba los contratos y los pasaba para firmar; y el entrenador, Cacho Heredia, que transmitía las órdenes impuestas "desde la presidencia" a los jugadores. Éste último fue finalmente absuelto.