Actualizado 08/09/2009 19:10 CET

Tarno (PP) preguntará mañana a Chaves en el Congreso por el caso Mercasevilla

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PP Ricardo Tarno preguntará mañana, durante la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de este periodo, al ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, por la actuación del Gobierno central en el supuesto caso de corrupción y cobro de comisiones ilegales en la empresa pública Mercasevilla.

"¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno de la Nación, tras conocerse la imputación por delito de cohecho del director general de Mercasevilla S.A., empresa participada por Mercasa?", es el texto de la pregunta que el diputado sevillano formulará al vicepresidente tercero en el primer pleno de control, después de que este tema fuera aplazado de otro pleno del anterior periodo.

Tarno interrogará al titular de Política Territorial por un caso que saltó a la luz pública a finales del pasado mes de marzo, después de que la Fiscalía de Sevilla llevara tres semanas investigando el presunto intento de cobro de comisiones al grupo hostelero La Raza por parte de dos responsables de Mercasevilla, a raíz de la que la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía pusiera tales hecho en conocimiento de la propia Fiscalía.

En una grabación, el ex gerente de la empresa pública y director de la Fundación Mercasevilla, Fernando Mellet, reclamaba a los empresarios de La Raza el pago de 450.000 euros como comisión por la concesión de una subvención de la Junta de Andalucía para financiar la puesta en marcha de una escuela de hostelería.

Tras conocerse el caso, la dirección provincial del PSOE de Sevilla expulsó del partido a Mellet y al director adjunto de la empresa pública, Daniel Ponce --ambos afiliados pertenecientes a la agrupación socialista de Macarena--, por su presunta participación en un delito de cohecho.

Casi un mes después, el Grupo Popular en el Consistorio sevillano presentó una denuncia contra un total de ocho personas, que alude a delitos de coacciones, cohecho, malversación de caudales, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales y encubrimiento que se habrían llevado a cabo en todo el proceso, incluyendo la gestión posterior del asunto por parte de la corporación municipal.

Además de los directivos Mellet y Ponce, fueron denunciados el ex consejero del ente Enrique Castaños; el concejal y actual responsable político de Mercasevilla, Alfonso Mir; el vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico (AIE) de las empresas municipales, Manuel Marchena; el delegado provincial de Empleo de la Junta, Antonio Rivas; el vicepresidente de Mercasevilla, Antonio Rodrigo Torrijos; y el alcalde y presidente del órgano, Alfredo Sánchez Monteseirín.

Tras la denuncia presentada por los 'populares', y la que también registró el PA en los juzgados, la Fiscalía puso punto y final a la investigación abierta ya que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) dispone que el Ministerio Público "cesará en sus diligencias" tan pronto tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial por los mismos hechos.

Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla rechazó la propuesta del Grupo Popular en la que se solicitaba, entre otros puntos, la creación de una comisión de investigación para esclarecer los aspectos de este caso. Los populares ya han anunciado que demandarán de nuevo la creación en el Parlamento Andaluz de una comisión de investigación sobre el caso, después de que a finales de mayo sendas peticiones de PP e IULV-CA para la creación de dicha comisión fuesen rechazadas.

El PP difundió hoy en Madrid parte de las grabaciones en las que Ponce y Mellet reclaman las comisiones a los empresarios sevillanos y que evidencian, según dijo su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, que "el PSOE estaría financiándose ilegalmente a través de subvenciones y adjudicaciones de la Junta de Andalucía" y que incluso prestaría las fundaciones de la Administración autonómica "para que se blanquease" el dinero con el que se financian sus campañas.

Además, los populares contrapusieron este caso y su repercusión a otros en los que están imputados dirigentes del PP para demostrar lo que, a su juicio, es la "doble vara de medir" que la Fiscalía General del Estado y la Policía tienen según si el supuesto delito está protagonizado por el PP o por el PSOE.