Publicado 22/07/2020 14:59:18 +02:00CET

El TC admite un recurso contra el acuerdo del Parlament para reivindicar la amnistía de los condenados por el 'procés'

Fachada del edificio del Tribunal Constitucional de España, en Madrid a 29 de noviembre de 2019.
Fachada del edificio del Tribunal Constitucional de España, en Madrid a 29 de noviembre de 2019. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad admitir a trámite el recurso de amparo interpuesto por Ciudadanos contra el acuerdo del Parlamento de Cataluña de 25 de septiembre de 2019 por el que se admitieron varias propuestas de resolución sobre la autodeterminación, la amnistía y los derechos civiles y políticos como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo por el proceso independentista.

El tribunal aprecia que en el recurso concurre una "especial trascendencia constitucional" porque puede permitir "aclarar o cambiar su doctrina como consecuencia de un proceso de reflexión interna", según expone en una resolución con fecha del pasado 14 de julio. Añade que este caso concreto también podría tener "unas consecuencias políticas generales".

El grupo parlamentario Ciudadanos en el Parlament de Cataluña recurrió en amparo el acuerdo alcanzado por la Mesa del Parlament el pasado 25 de septiembre por el que se admitió la propuesta de la CUP para impulsar un acuerdo nacional para la "amnistía, la autodeterminación y los derechos civiles y políticos" abierto a todos los agentes políticos, sociales y culturales, y que pida la "amnistía total" de los líderes independentistas juzgados en el Tribunal Supremo, como respuesta a la sentencia del 'procés', que se dio a conocer después, el 14 de octubre de 2019.

Cs ya solicitó una petición a la Mesa del Parlament para que reconsidere su decisión de tramitar esta propuesta, así como otras planteadas conjuntamente por ERC, JxCat y la CUP en el mismo sentido, al entender que eran inconstitucionales.

En su escrito a la Mesa Cs recordaba que todos los poderes públicos están obligados a cumplir las decisiones del Tribunal Constitucional, por lo que "es deber de todos los órganos y autoridades del Parlament impedir o paralizar cualquier iniciativa que tenga por efecto o intención eludir o ignorar los pronunciamientos del TC".

En este punto destacaban que los miembros de la Mesa del Parlament y los servicios jurídicos ya habían sido advertidos por el tribunal de garantías "de la eventual responsabilidad penal" que puede conllevar tramitar este tipo de iniciativas relacionadas con el derecho a la autodeterminación, que ya habían sido declaradas inconstitucionales.

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