MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Constitucional ha negado el amparo a la ex juez de Marbella Pilar Ramírez, a la que el Tribunal Supremo suspendió de funciones por tres años por no abstenerse en un caso que afectaba al Ayuntamiento de Marbella, con cuyo alcalde por entonces, Jesús Gil, su familia mantenía negocios de tipo urbanístico.
En abril de 2002, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló, por desproporcionada, la expulsión de la carrera judicial de Ramírez que había sido acordada en 2000 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y la sustituyó por una suspensión temporal de funciones por tres años. Fue sancionada por ocultación de incompatibilidad y por incumplimiento del deber de abstención.
El Constitucional señala que en este caso no se han vulnerado los derechos de la juez a la legalidad sancionadora y a la presunción de inocencia ni se ha producido indefensión, puesto que el trámite disciplinario llevado en el CGPJ respetó todas las garantías y acreditó el conocimiento por parte de Ramírez de la existencia de los amplios intereses económicos que sus familiares tenían en la demarcación judicial de Marbella, cuyo alcalde era amigo personal del padre de la magistrada.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Pérez Tremps, ha resuelto en conformidad con el criterio expresado por la Abogacía del Estado y discrepa de la postura de la Fiscalía. El Ministería Público había señalado en su escrito que la juez no debió ser sancionada por incumplimiento del deber de abstención, al considerar que el resultado del proceso que se instruyó contra ella en el CGPJ fue "excesivamente abierto" y permitía "otras conclusiones distintas e incluso contrapuestas" a las finalmente adoptadas.
DECISIONES QUE LE BENEFICIARON.
En sus fundamentos jurídicos, la sentencia del Constitucional señala que las actuaciones del CGPJ en este caso permitieron pormenorizar "de manera prolija" los hechos en los que se basó la sanción, como fue la existencia de determinadas relaciones comerciales entre las sociedades vinculadas con los familiares de la juez y el Ayuntamiento de marbella a partir de la suscripción de diversos convenios urbanísticos, "algunos de ellos de un importante montante económico".
La investigación permitió también constatar, según destaca el alto Tribunal, la amistad reconocida públicamente entre el padre de Ramírez y Jesús Gil, "y como ello ha generado un malestar social, constatable por los medios de comunicación, por la posible vinculación de la propia recurrente con este entramado".
La juez Ramírez tramitó unas diligencias previas por delitos de falsedad, estafa y alzamiento en relación con la quiebra de la sociedad Banus Andalucía Nueva S.A, en las que fue parte el Ayuntamiento de Marbella, que fueron recurridas por el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal y revocadas en apelación.
BENEFICIOS ECONÓMICOS.
También pone de manifiesto el Constitucional el eventual beneficio económico derivado del resultado de las diligencias judiciales practicadas por Ramírez en Marbella, ya que sus decisiones podían redundar "de manera directa en la esfera patrimonial de los familiares de la recurrente e indirectamente en ella", como queda demostrado a partir del hecho, también acreditado, de que la vivienda de Ramírez estaba siendo pagada por su padre.
El Supremo que la juez Ramírez cometió dos faltas disciplinarias muy graves, por no abstenerse en un caso que afectaba al Ayuntamiento de Marbella, con el que su familia tenía vinculaciones económicas, y por no comunicar la incompatibilidad que ello le causaba para ejercer en un municipio de menos de 100.000 habitantes, como era el de Marbella en el momento de los hechos.
Respecto a este punto, el Constitucional destaca que el CGPJ tomó como base los datos censales de 1998, argumentando que la jurisprudencia del Tribunal Supremo señala que sobre el censo nunca puede prevalecer la cifra del padrón de habitantes del Ayuntamiento, tal y como pretendía la magistrada.
Pilar Ramírez fue suspendida cautelarmente en sus funciones por el Consejo el 29 de julio de 1999, fecha desde la cual no ejerce. Las actuaciones contra la juez se iniciaron a raíz de una denuncia del fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, quien relacionó a la familia de la magistrada con el alcalde de Marbella, y a éste con actividades de mafiosos italianos.
