ALMERÍA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de amparo interpuesto por una pareja de residentes británicos en Vera (Almería) contra la orden judicial de derribo de la vivienda de su propiedad después de que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de la capital declarase nula en 2004 la licencia municipal.
Fuentes del Alto Tribunal confirmaron a Europa Press que la Sección Segunda decidía la admisibilidad del escrito sustanciado por la representación judicial de Len y Helen Prior el pasado 1 de julio, casi siete meses después de que la Junta de Andalucía ejecutara la demolición del inmueble, ubicado en el paraje 'La Loma' y edificado en suelo no urbanizable.
La tramitación del recurso de amparo abre la posibilidad para que el matrimonio, jubilado, pueda acudir a la vía civil para reclamar responsabilidad a las administraciones implicadas ya que el derribo de la vivienda unifamiliar, valorada en más de 350.000 euros, no llevó aparejado el abono de indemnización alguna.
El Ayuntamiento de Vera (PA) mantuvo desde 2004 la postura de no cumplir el mandato judicial para la ejecución de la sentencia, por lo que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería emitía en marzo de 2007 una providencia --la tercera-- en la que remitía al Ministerio Público la documentación del caso para incoar un presunto delito de desobediencia al Consistorio.
La asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN), que elevó una queja al Parlamento Europeo (PE) por este caso, ha convocado una marcha de protesta el próximo día 18 ante cuatro resoluciones administrativas de derribo de la Junta de Andalucía y las diligencias penales incoadas por Juzgado de Instrucción número dos de Huércal Overa en el mismo sentido que pesan sobre un total de 23 viviendas propiedad de británicos residentes en Cantoria por ser "contrarias" a la legalidad urbanística.
Para los propietarios de 19 viviendas de estos inmuebles, en la pedanía de Fas, el Ministerio Público ha solicitado ante el Juzgado de Instrucción número dos de Huércal Overa la demolición aunque reconoce el derecho a percibir una indemnización por el importe de la venta, que deberían satisfacer los dos promotores imputados por un presunto delito contra la ordenación del territorio.
Los residentes en Arroyo Albanchez no tiene, sin embargo, definida forma alguna de compensación o indemnización, al igual que Len y Helen Prior, pese a tener "como única fuente de ingresos una pensión de su Gobierno que no supera los 600 euros y ninguna propiedad inmobiliaria más ya que vendieron su casa habitual para adquirir la que ahora pueden perder", según precisaron a Europa Press fuentes judiciales.
