El magistrado aplica la limitación de la jurisdicción universal aprobada en noviembre porque el juicio no podría celebrarse
MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz archivó hoy la causa en la que investigaba a tres ministros y cinco altos cargos chinos por su presunta implicación en la represión que se produjo en Tíbet en marzo de 2008, cuatro meses antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín, al no existir víctimas españolas ni encontrarse los presuntos responsables en territorio nacional.
El magistrado, que adopta esta decisión en aplicación de la limitación del principio de jurisdicción universal que entró en vigor el pasado 3 de noviembre, explica en un auto que aunque la nueva ley no afecta a la fase de instrucción porque se inició antes de la aprobación de esta reforma, sí "afectaría al posterior enjuiciamiento", por lo que resultaría "carente de sentido" continuar con una investigación que no podría finalizar con la celebración de la vista oral.
En concreto, la modificación del principio de justicia penal internacional, que fue aprobada en las Cortes por PSOE, PP, PNV, CiU, ERC y UPyD, establece como requisitos para que la Audiencia Nacional pueda asumir una causa sobre genocidio y lesa humanidad que sus presuntos responsables "se encuentren en España", que existan víctimas "de nacionalidad española", que se constate algún vínculo de "conexión relevante" con nuestro país y que el caso no haya sido investigado por otro tribunal
Tras reconocer que la causa que investigaba no cumple "ninguno de los nuevos requisitos" establecidos en el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en la que se incorporó esta reforma, Pedraz señala que tampoco puede aplicarse la excepción para los casos en los que puedan aplicarse "tratados y convenios internacionales suscritos por España".
"No hay tratado o convenio internacional que obligue al enjuiciamiento por España del delito de lesa humanidad imputado en el presente caso, ni aún el convenio para la prevención y la sanción del delito de genocidio alegado, además de que la presente causa no versa sobre un delito de genocidio", señala.
NEGATIVA DEL GOBIERNO CHINO
En julio pasado, el Gobierno chino contestó a una comisión rogatoria cursada por el juez negándose a comparecer en la Audiencia Nacional y exigiendo al Ejecutivo español que asumiera sus "responsabilidades" e hiciera "cesar definitivamente, cuanto antes" la investigación iniciada por Pedraz.
Los tres ministros imputados eran el titular de Defensa, Lian Guanglie; el de Seguridad del Estado y viceministro de Seguridad, Geng Huichang; y el de Seguridad Pública, Meg Jianzhu. Además, la acción penal se dirigía contra el secretario del Partido Comunista chino en la Región Autónoma de Tíbet, Zhang Qingli; el miembro activo del 'Politburó' en Beijing, Wang Lequan; el líder de la Comisión de Asuntos Etnicos, Li Dezhu; el general Tong Guishan, comandante del Ejército de Liberación Popular de la capital del Tíbet (Lhasa); y el general Zhan Guihua, comisario político del comando militar de Chengdu.
La querella fue presentada por el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT), la Fundación Privada Casa del Tíbet y la asociación Thubten Wangcheg Sherpa Sherpa, que denunciaron que tres días antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos de Pekín se produjeron "delitos de lesa humanidad cometidos contra la población tibetana". Según sus cálculos, la actuación del Ejército chino provocó "al menos 203 muertos, más de 1.000 lesionados graves y 5.972 detenidos ilegales y desaparecidos".
En el marco de esta causa, Pedraz interrogó el pasado 27 de abril de 2009 a We Jin Gsheng, conocido como "el padre de la democracia china" y candidato en varias ocasiones al premio Nobel de la Paz tras permanecer durante años en cárceles del país asiático por su condición de disidente. El testigo denunció las torturas que el régimen comunista chino comete a sus presos políticos.
"MATANZA SISTEMÁTICA Y GENERALIZADA"
Según los querellantes, los ocho altos cargos del Gobierno chino dirigieron "una matanza sistemática y generalizada" contra la población tibetana así como la realización de "lesiones graves, torturas y desapariciones forzadas" que fueron cometidas desde el 10 de marzo de 2008.
En su escrito, les imputaba "la supuesta causación intencionada de muerte o legiones graves, la desaparición forzada, la detención y privación de libertad con infracción de las normas internacionales al efecto y las torturas denunciadas", lo que convertiría al pueblo tibetano en "un grupo o colectivo perseguido" por las autoridades chinas "por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, también tiene abierta una causa desde enero de 2006 contra el ex presidente chino Jiang Zemin y otros seis ex responsables comunistas en el Tíbet y en el Gobierno chino después de estas tres mismas asociaciones presentaran una querella por el genocidio supuestamente cometido a partir de 1950.
