Creen que deteriora los servicios públicos, que vulnera competencias autonómicas y que no está claro el ahorro presupuestario
MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, PNV, UPyD, BNG y ERC han registrado en el Congreso siete enmiendas a la totalidad para pedir la devolución al Gobierno del proyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, que persigue la supresión e integración de organismos de la administración para aligerar su peso y que también servirá para simplificar trámites administrativos.
Según exponen los grupos en sus respectivas enmiendas a la totalidad, a las que ha tenido acceso Europa Press, dicho proyecto de ley no persigue racionalizar sino "podar" el sector público, lo que va a afectar, a su juicio, a la prestación de los servicios públicos, especialmente a los que tienen que ver con políticas sociales. Además, los nacionalistas advierten de que vulnera el principio de autonomía reconocido en la Constitución.
Así, el PSOE denuncia que se trata de un proyecto "engañoso", empezando por su título, porque no busca la racionalización del sector público sino "la eliminación o reorganización de algunas estructuras administrativas". "Este Gobierno ha encontrado en la crisis la excusa perfecta para justificar las políticas de retroceso y deterioro de todos los servicios públicos", critican.
En esta misma línea, rechazan el "énfasis" que pone la reforma en la "desaparición de órganos encargados de políticas sociales o de igualdad". "Resulta obvio que determinados órganos con fines sociales no tienen necesariamente que ser factores de eficiencia y productividad", apostillan.
Por todo ello, el PSOE considera que el proyecto debe volver al Gobierno para "replantear el objetivo de la reforma" y adecuarlo "a la definición constitucional de España como Estado Social y Democrático de Derecho" y a la "Administración como garante de los intereses generales". "Debe traer una ley que responda fielmente al título de racionalización del sector público", agregan los socialistas.
"NO ESTÁ CLARO EL AHORRO"
En esta misma línea, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) critica que aunque el objeto de la reforma es mejorar la eficiencia y reducir el gasto público, "ni están claros los teóricos ahorros presupuestarios, ni por supuesto asegurada la mejora de la eficiencia de los organismos públicos". Asimismo, al igual que el PSOE, critican que muchas de las medidas se concentran en el ámbito de las políticas sociales.
"Continuar podando la administración pública, incluso reconociendo que España es uno de los estados miembros de la Unión con menor gasto público, es una irresponsabilidad. Este proyecto de ley no contribuye a la mejora de la gestión de los servicios públicos porque se incardina en una reforma de las administraciones públicas en la que lo sustantivo son los recortes sin valorar las necesidades de la ciudadanía", denuncian.
Por su parte, UPyD ha denunciado que se trata de una ley "cosmética" y de "propaganda" porque no representa "un auténtico plan de reforma de todas las Administraciones Públicas". "Una reforma en profundidad de las Administraciones Públicas hubiera exigido otro método y otro contenido", aseguran, para criticar a continuación "la falta de estrategia en el medio y largo plazo".
"VULNERA COMPETENCIAS AUTONÓMICAS"
Asimismo, los nacionalistas denuncian que la finalidad de muchas de las medidas incluidas en el proyecto de ley no es otra que la de "recuperar para la Administración General del Estado competencias que hoy ejercen las Comunidades Autónomas". "El presente proyecto de ley vulnera las competencias autonómicas", denuncia CiU en su enmienda a la totalidad.
En esta línea, los nacionalistas catalanes rechazan, por ejemplo, que la "licencia única" en el ámbito deportivo pretende imponer "un modelo de mercado único por el cual se van a primar las licencias 'low cost' de cualquier federación en detrimento del equilibrio económico y financiero". Además, advierten de que supone "una sentencia de muerte a los Consorcios, con finalidades y medidas de difícil justificación".
Por su parte, el PNV asegura que el proyecto supone una "vulneración del sistema de distribución competencial y del principio de autonomía reconocido en la Constitución". "Con el objetivo genérico de racionalizar el sector público, el Estado plantea una serie de modificaciones estructurales, organizativas y legislativas que irrumpen de forma directa en los ámbitos competenciales y funcionales del resto de administraciones", argumentan.
El BNG va más allá y acusa al Gobierno de emprender con este proyecto "la contrarreforma ansiada hace décadas desde los sectores tradicionalistas y conservadores de la derecha española". "Su contenido indica claramente que su verdadera intencionalidad es reforzar aún más la capacidad del poder central, recentralizar competencias y considerar como prescindible la actividad que desarrollan las Comunidades Autónomas", critican.
En este sentido, ERC denuncia que este proyecto de ley "es fruto de la visión nacionalista, centralista y homogeneizadora del Estado mantenida por el PP". "Se trata de un proyecto elaborado con el objetivo de laminar las competencias de las Comunidades Autónomas sustrayéndoles cualquier ámbito de decisión y subordinando sus políticas a los dictados del Gobierno del Estado", añaden.
