El Tribunal de Cuentas cree que el ayuntamiento de Alcorcón (Madrid) vulneró la ley cuando se siguió endeudando

ALCORCÓN 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas sostiene en un auto que el gobierno del socialista Enrique Cascallana en Alcorcón (Madrid) vulneró la ley al no solicitar autorización al Ministerio de Hacienda para seguir endeudándose, como señala el Ejecutivo actual, presidido por el 'popular' David Pérez, a través de un comunicado.

Según el auto del Tribunal, "en opinión del Ministerio Fiscal, deben practicarse las actuaciones de instrucción previstas en la Ley para investigar los hechos y obtener los antecedentes que permitan adoptar razonadamente, en su momento, la decisión de plantear o no la correspondiente pretensión de responsabilidad contable".

Dichas tesis, a las que se ha sumado el Ministerio Fiscal, afectan a la solicitud que realizó el anterior gobierno de distintos préstamos por un valor total de 44 millones de euros, "sin la preceptiva autorización del Ministerio de Hacienda y en contra, a su vez, del informe del Interventor Municipal", como destaca a su vez el actual Ejecutivo.

El auto del Tribunal de Cuentas afirma que "es una cuestión no controvertida que la Corporación municipal de Alcorcón incumplió dicho trámite. Y también lo es que la Intervención General del Ayuntamiento, en su informe, ya había indicado a la Junta de Gobierno Local que era preceptiva la autorización del Ministerio de Economía y Hacienda para poder concertar las pólizas de crédito con una entidad financiera privada".

Desde el actual equipo de Gobierno añaden que los anteriores gestores "dejaron de pagar las cuotas de esos préstamos, uno de ellos de 22 millones de euros". El impago de dichas cuotas, saltándose presuntamente la prelación de pagos, "generó unos intereses no previstos que han supuesto un quebranto económico para las arcas municipales", aseveran.

Como afirma el auto, "ese potencial quebranto económico en el presente caso se puede haber producido, según las tesis del recurrente, a las que se ha adherido el Ministerio Fiscal por el excesivo pago de intereses que se produjo al no poder hacer frente la Corporación municipal a los plazos de amortización reflejados en las pólizas de crédito. En el presente supuesto ha quedado patente la infracción de normativa presupuestaria".

Finalmente, y según el auto del Tribunal de Cuentas, se encuentran "ante una vulneración de la norma presupuestaria con posible quebranto para fondos públicos". La Sala entiende que esta posibilidad es la que hace razonable que se nombre un delegado instructor.

Tras el periodo de instrucción, el Tribunal de Cuentas determinará qué responsabilidades existieron en los hechos y los afectadas deberán responder, en su caso, con sus bienes personales.