Actualizado 25/06/2020 13:10:12 +00:00 CET

El Tribunal de Cuentas estudiará si Tezanos incurrió en responsabilidad contable en la encuesta del CIS de abril

El Gobierno destina 200.000 euros para que el CIS realice nuevas encuestas telefónicas
El Gobierno destina 200.000 euros para que el CIS realice nuevas encuestas telefónicas - Pool - Archivo


El Centro de Investigaciones dice que se adjudicó de urgencia pero aplicando "escrupulosamente" la ley

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares para estudiar la presunta responsabilidad contable del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, en la adjudicación a la empresa Intercampo S.A. de la encuesta de abril que se hizo en pleno estado de alarma.*El CIS seleccionó a Intercampo S.A. mediante un procedimiento de urgencia amparándose en la situación de emergencia por pandemida de covid-19.

La investigación contable procede del Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid, cuya titular archivó una denuncia que le presentó un abogado catalán contra Tezanos por un presunto delito contra los derechos individuales y por malversación, si bien acordó remitir los contratos al Tribunal de Cuentas para que analizara si puede existir alguna responsabilidad contable en los contratos suscritos para la encuesta que se publicó en abril, realizada en pleno estado de alarma.

La documentación ha llegado esta semana al tribunal contable, que ha abierto diligencias preliminares para analizar si ve indicios para abrir una causa o bien archiva definitivamente el asunto, han señalado a Europa Press fuentes de este órgano.

El abogado Esteban Gómez Rovira apuntaba en su contrato diversas irregularidades en el contrato realizado con la sociedad Intercampo S.A. para realizar el barómetro especial de abril de 2020, tanto en la adjudicación como en la cuantía del mismo, fecha de asignación de recursos y libramiento de pago.

También pedía que se aportara la ficha técnica de la encuesta para someterla a examen pericial independiente y que se pidiera a Intercampo que realizara por su parte el volcado de todos los datos relacionados con la ejecución del contrato, incluyendo el nombre de los encuestadores y registros de llamadas, para acreditar su veracidad, y a los efectos también de prueba testifical.

Gómez señalaba en su escrito que la realidad plasmada en los sondeos del CIS conculca "a sabiendas" el derecho de los ciudadanos a obtener información veraz que ampara la Constitución. E incidía en preguntas como las relativas "a la postura del ciudadano de cara, al fin y al cabo, a una restricción del derecho a la libertad de expresión que cedería ante la supuesta urgencia de impedir la expansión de bulos".

Pese a la existencia de estas denuncias, el CIS volvióa recurrir recurrir a la encuestadora Intercampo para la realización de las 3.800 entrevistas telefónicas sobre las que se basa el barómetro de mayo. Se trata de la misma empresa con la que el presidente de este órgano, José Félix Tezanos, ya había trabajado para encuestas de la Fundación Sistema que también preside.

EL CIS DEFIENDE QUE NO HAY IRREGULARIDAD .

Por su parte, el CIS ha señalado este jueves mediante un comunicado que los contratos realizados por el CIS se efectuaron cumpliendo escrupulosamente la legislación vigente en lo que se refiere a contratos de emergencia, en función del estado de alarma vigente en España en aquellos momentos y califica de "incierto" que decidiera este contrato a dedo y sin pedir varias ofertas.

Así, apunta a que aunque la legislación no lo exige, se procedió a solicitar cuatro ofertas a cuatro empresas "con suficiente experiencia y capacidad de obrar en este ámbito, con la finalidad de obtener la mejor oferta en precio, calidad, plazos y garantías técnicas", y que de hecho el encargo se hizo a la mejor oferta en calidad, plazos y precio.

En cuanto a la adjudicataria, el CIS recuerda que se trata de una empresa con una larga y acreditada experiencia de más de treinta años en el campo de su especialidad, de la que inicialmente fue accionista GALLUP y varios antiguos técnicos de esta empresa en España, estando integrada por profesionales competentes que han trabajado para distintas entidades de diferente orientación, tanto de carácter público y privado, en España y en otros países.

"El CIS entiende que está dentro de las funciones del Tribunal de Cuentas proceder a la correcta verificación de todas las cuentas públicas, por lo que agradecerá que el Tribunal de Cuentas pueda verificar y hacer pública, cuanto antes, la inveracidad de esta acusación", señala la nota.

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