MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que preside el juez Alfonso Guevara, estudiará la decisión del juez Baltasar Garzón de poner en libertad al ex secretario general de LAB Rafael Díez Usabiaga, que el instructor justificó con el argumento de que debía atender a su madre dependiente, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Garzón archivó el pasado viernes el recurso de reforma presentado por la Fiscalía y la asociación Voces contra el Terrorismo a pesar de contar con un informe forense que acreditaba que la madre de Usabiaga es "autónoma para las actividades de la vida diaria" y únicamente precisa de "ayuda de terceras personas para desplazamientos fuera de su lugar de residencia".
Tras ratificar la puesta en libertad de Usabiaga, que está procesado como dirigente de ETA por impulsar el proyecto 'Bateragune', el magistrado dio un plazo de dos días a las acusaciones para que confirmen su intención de presentar un recurso de apelación ante la Sala, que deberá ser remitido a la Sección Tercera en diez días.
Garzón también valoró para rechazar los recuros de las acusaciones el testimonio del que ha sido médico personal de la madre de Díez Usabiaga durante los últimos 35 años. El facultativo compareció en la Audiencia Nacional el pasado 25 de marzo y declaró que "la señora Usabiaga, debido a su complicado estado de salud, ha dependido de su hijo en el domicilio de éste en San Sebastián durante los últimos años".
Además, el juez contó con la declaración de la presidenta de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lasarte-Oria (Guipúzcoa), Lourdes Acevedo, quien confirmó ante el magistrado que la madre del ex secretario general de LAB sólo tiene una cita para principios de junio con un asistente social en la que pretende reclamar a su hijo como cuidador.
A partir de estos tres documentos, Garzón defiendía que la puesta en libertad de Díez Usabiaga fue "correcta" porque ha cumplido "rigurosamente" las medidas cautelares que se le impusieron, lo que "demuestra que no tiene intención de sustraerse a la acción de la Justicia, como tampoco lo hizo cuando estuvo bajo medidas cautelares en el sumario 35/02", en el que se investigó la financiación de ETA a través de las 'herriko tabernas'. "Los recursos formulados no han aportado elementos diferentes para hacer variar la decisión", añade.
ARGUMENTOS DE LA DEFENSA
De esta forma, Garzón atendió los argumentos esgrimidos por el abogado de Díez Usabiaga, Iñigo Iruin, quien apeló a sus "circunstancias personales" y la "falta de riesgo de sustracción a la justicia" de su cliente. Además, recordó que el procesado ingresó en prisión hace más de seis meses, siempre ha cumplido las obligaciones apud acta que se le han impuesto y tiene "arraigo y trabajo" en San Sebastián.
Díez Usabiaga, que está procesado por integración en organización terrorista al participar en la reconstrucción de Batasuna a través de la plataforma 'Bateragune' (Todos Juntos), abandonó la cárcel madrileña de Estremera el pasado 26 de abril tras depositar una fianza de 30.000 euros.
Garzón le impuso como condición recibir cada 15 días "información sobre el desarrollo del cuidado dispensado a su madre", así como la prohibición de salir del territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer dos veces por semana en el juzgado más próximo a su domicilio.
Dos días más tarde, la Fiscalía recurrió su puesta en libertad al considerar que la situación "humanitaria" esgrimida por la defensa del ex secretario general de LAB fue "artificialmente creada con el fin de eludir una medida cautelar necesaria".
Garzón acordó el 16 de octubre de 2009 el ingreso en prisión de Díez Usabiaga, del ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, y de otros tres dirigentes de la izquierda abertzale: Sonia Jacinto, ex tesorera del PCTV; Miren Zabaleta, hija del coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, candidata de ASB en 2007 y promotora de una página web (Gaztesarea.net) vinculada a Segi; y Arkaitz Rodríguez, ex responsable de Haika.
Tras los interrogatorios, impuso una fianza de 10.000 euros a Amaia Esnal, José Manuel Serra y José Luis Moreno Sagües, y dejó en libertad sin cargos al histórico miembro de la Mesa Nacional de Batasuna Rufi Etxeberria y Ainara Oiz.
Todos fueron detenidos el día 13 en la sede de LAB de San Sebastián, en el marco de una operación policial que tenía como objetivo desarticular la constitución de una nueva Mesa Nacional de Batasuna.
