El TS acusa a Junqueras y Romeva de tratar de dilatar el proceso y rechaza darles más plazo para alegar

Publicado 08/10/2018 14:08:55CET

Este lunes concluye el tiempo que tienen para argumentar contra el cierre de la instrucción por parte de Llarena

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una providencia en la que subraya la "estrategia dilatoria" que sigue la defensa del exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva en la causa por el 'procés' independentista, que consideran "contraria al derecho de los encausados a un proceso sin dilaciones indebidas".

La providencia rechaza tramitar un recurso de súplica planteado por dicha defensa para lograr que se le ampliara nuevamente el trámite a las partes tras la conclusión de la instrucción acordada antes del verano por el juez Pablo Llarena.

El plazo para presentar alegaciones a este recurso -en las que las defensas pueden mostrarse conformes con la conclusión o, por el contrario, pedir la práctica de nuevas diligencias- concluye a las 15.00 horas de este lunes.

La Sala contesta que la petición carece de objeto y resalta que "la contumaz insistencia en un reinicio del plazo para instrucción sólo puede interpretarse como una actuación contraria a las más elementales exigencias de buena fe", un deber procesal que las partes tienen impuesto por el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El tribunal recuerda que, por providencia de 27 de agosto, se otorgó a las partes un primer plazo para instrucción de diez días (el máximo previsto en la ley, que señala que el plazo será de 3 a 10 días), al que se sumó un nuevo plazo de 10 días otorgado por resolución del 4 de septiembre. En providencia de 18 de septiembre, se concedió un plazo añadido de 5 días, y en resolución de 28 de septiembre, otros 2 días más.

"La Sala, por tanto, ha resuelto las peticiones formuladas con la máxima flexibilidad, de la manera más acorde con los derechos de defensa y a un proceso con todas las garantías, sobrepasando incluso el límite derivado de una dicción literal del mandato previsto en el artículo 627 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sólo admite una única prórroga respecto del plazo inicialmente concedido", dice la providencia.

DIFICULTADES DE ACCESO A LA NUBE

Por último, los magistrados indican que las dificultades para el acceso a la nube virtual de la causa no ha podido generar indefensión a la defensa recurrente, ya que dispone, y ha podido disponer, de copia de todas y cada una de las resoluciones dictadas en la causa.

Esta respuesta es consecuencia de la concesión del último plazo debido a poblemas técnicos en la plataforma informática ('nube') a la que deben acceder para tramitar sus escritos los abogados de la causa que, de hecho, ya han causado un importante retraso en la tramitación de este procedimiento judicial y pueden acabar afectando al calendario inicialmente previsto para la celebración del juicio.

La Fiscalía y Vox ya contestaron a este plazo de alegaciones señalando que estaban de acuerdo con la conclusión de Llarena y no consideraban necesaria la práctica de nuevas pruebas, mientras que la defensa de del ex miembro de la Mesa Joan Josep Nuet no va a presentar tampoco alegaciones.

EL JUICIO PUEDE RETRASARSE

El incidente tiene cierta importancia porque puede dar al traste con todo el calendario previsto por la Sala de siete magistrados que juzgarán el caso y que tenían previsto iniciarlo, al menos en lo que se refiere a las cuestiones previas a principios de diciembre, para poder tener sentencia tras las elecciones municipales de mayo de 2019.

Si se tarda en dar firmeza al auto de Llarena también se retrasará la providencia por la que se acordará la apertura de de juicio oral, que es el que da el pistoletazo de salida para la presentación de escritos de petición de penas tanto por parte de la Fiscalía como por la de la Abogacía del Estado y Vox. Tras ello debe darse tiempo a las defensas para que presenten sus respectivas conclusiones provisionales, y después poner fecha al juicio.

En el Tribunal Supremo están procesados por presunta rebelión y malversación el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, y los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Toni Comín, Dolors Bassa, Clara Ponsatí, mientras que solo por rebelión: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, la 'número dos' de ERC Marta Rovira, el expresidente de la ANC y actual diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart.

También han sido procesados por supuesta desobediencia y malversación otros exconsellers como Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, mientras que se les atribuye desobediencia a los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet y a las exdiputadas de la CUP en el Parlament Mireia Boya y Anna Gabriel.

El juicio en el Alto Tribunal se preveía en principio que pudiera celebrarse a partir del próximo enero, justo después de las fiestas navideñas, aunque se deja en una pieza separada a los procesados que han sido declarados en rebeldía (Puigdemont, Comín, Ponsatí, Puig, Serret, Rovira y Gabriel) por lo que no se sentarán en el banquillo de los acusados, si bien no podrán regresar a España hasta que la causa prescriba y en el caso de regresar serán detenidos y juzgados.

En el Supremo se preparan para un juicio en el que se sentarán en el banquillo 18 acusados _nueve de ellos actualmente en prisión preventiva_, un proceso sin precedentes en el alto tribunal que suele ser un órgano de casación y no de enjuiciamiento, aunque sí ha celebrado otros juicios como recientemente el del exconseller Francesc Homs por la consulta del 9-N.

CASI 100 TESTIGOS POR PARTE DE FISCALÍA

El juicio se augura que pueda durar entre dos y tres meses -solo la Fiscalía tiene previsto llamar a unos 90 testigos, según fuentes consultadas por Europa Press- , aunque la voluntad del Alto Tribunal es ir lo más rápido posible, para lo que se harán sesiones de mañana y tarde todos los días.

Con este calendario las mismas fuentes aseguran que la futura sentencia, teniendo en cuenta todas las deliberaciones que deberán producirse, no llegará hasta después de las elecciones municipales de mayo.

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