MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Sala Quinta del Tribunal Supremo decidirá mañana si autoriza o no la presentación de un recurso de revisión contra la sentencia de 1963 por la que fueron ejecutados los miembros de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias Francisco Granado y Joaquín Delgado.
Todos los magistrados que actualmente forman la Sala de lo Militar, su presidente, Angel Calderón, José Luis Calvo Cabello, Agustín Corrales, Angel Juanes y Javier Julián, que será ponente de la sentencia que se adopte, se reunirán mañana a puerta cerrada para decidir si permiten interponer el recurso de revisión o no a los familiares de ambos ejecutados.
En marzo de 1999, el Supremo rechazó por unanimidad esta posibilidad, pero el Tribunal Constitucional le ordenó realizar las pruebas solicitadas por los solicitantes de la revisión antes de decidir si autorizaba la interposición del recurso. Por eso las actuaciones se devolvieron a la Sala de lo Militar y ésta practicó varias pruebas, como algunas testificales, durante estos dos años.
Francisco Granado Gata y Joaquín Delgado Martínez fueron condenados a muerte por un delito de terrorismo consistente, según la sentencia, en "provocar explosiones para atentar contra la seguridad pública y perturbar la tranquilidad, el orden y los servicios públicos, empleando medios y artificios capaces de ocasionar grandes estragos".
Los hechos a que hacía referencia el fallo ocurrieron el 29 de julio de 1963, cuando dos bombas estallaron en la Dirección General de Seguridad y en la Delegación de Sindicatos. No causaron ninguna víctima mortal aunque la primera, con una carga de explosivo plástico de 200 gramos, provocó heridas leves a algunas personas. A pesar de que los detenidos afirmaron haber sido torturados durante seis días, en todo momento declararon su inocencia.
En 1996, en un programa de la televisión franco-alemana Arte, y tras una declaración ante notario, Antonio Martín Bellido y Sergio Hernández declararon ser los verdaderos autores de la colocación de los explosivos, revelación que se reprodujo en medios de comunicación españoles así como en un programa de TVE en 1997.
Desde ese momento, el grupo pro revisión del proceso Granado-Delgado y la Confederación General del Trabajo (CGT) insistieron en la revisión del caso ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, que en su auto del 3 de marzo de 1999 rechazó la presentación del recurso de revisión.
PUIG ANTICH.
El pasado 25 de octubre, la Sala Quinta también debía pronunciarse sobre si autorizaba o no a los familiares del anarquista Salvador Puig Antich, ejecutado durante la dictadura franquista, interponer un recurso de revisión a su condena. Sin embargo, el alto tribunal aplazó su decisión hasta realizar algunas pruebas testificales.
Puig Antich fue condenado a muerte por un Consejo de Guerra el 8 de febrero de 1974, resolución confirmada el 11 de febrero del mismo año por el Consejo Supremo de Justicia Militar. Fue ejecutado mediante garrote vil el 2 de marzo de 1974. Veinte años después, en 1994, sus hermanas solicitaron por primera vez la revisión de su caso, y el Supremo lo denegó.
IMPORTANTE DECISIÓN.
La Confederación General del Trabajo insistió hoy en un comunicado en la importancia de la decisión que el Supremo adoptará mañana, puesto que hasta ahora "ha rechazado todos los recursos de revisión que se le han presentado con el 'argumento' de que esos juicios (consejos de guerra sumarísimos) se realizaron de acuerdo con la 'legalidad de la época', afirmando que la actual doctrina jurídica para las revisiones sólo las contempla para los casos en que se presente 'un hecho nuevo'", como en este caso serían las confesiones de los autores del atentado.
En opinión del sindicato, la resolución del alto tribunal "probará si la Justicia de la democracia respeta la actual jurisprudencia sobre revisiones o si la mayoría de los magistrados de esa sala se pronuncia sólo en función de su adscripción ideológica, la franquista". "Esta decisión sentará un precedente y pesará decisivamente sobre el actual debate parlamentario en torno al proyecto de ley presentado por el Gobierno para la 'rehabilitación' de las víctimas del franquismo", agrega el comunicado.
