MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
La denominada Sala del 61 del Tribunal Supremo, que fue la que acordó la ilegalización de Batasuna, volverá a reunirse el próximo miércoles para estudiar las medidas de ejecución de esta sentencia y, en concreto, si ordena el embargo de determinadas 'herriko tabernas' del País Vasco y Navarra por su vinculación con la formación ilegalizada dentro del procedimiento que sigue para liquidar sus bienes.
La complejidad del asunto y la abultada documentación aportada para por las comisiones judiciales que realizaron los inventarios en los locales afectados han mantenido esta decisión prácticamente paralizada desde finales de octubre de 2006, que fue el momento en el que comenzaron su labor las citadas comisiones.
La última reunión de esta Sala del alto tribunal, que se celebró el pasado 10 de julio, no tomó ninguna decisión al respecto de los embargos, que podría tomarse en la sesión ya convocada, informaron fuentes jurídicas.
La Sala del 61 está presidida por el presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, los presidentes de cada una de sus cinco Salas y los magistrados más modernos y más antiguos de cada una de ellas, hubieran estudiado la documentación obrante en el procedimiento.
El pasado mes de abril, el Supremo pidió al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que le informara del estado en el que se encontraban los embargos de 55 herriko tabernas decretados por el Juzgado Central de Instrucción número 5 en abril de 2002 en la causa en la que estudia la sumisión de Batasuna a ETA.
Garzón aseguró en un auto que estos establecimientos se encontraban bajo administración judicial y no se había alterado su titularidad ni la de sus bienes. No obstante, reconocía que las anotaciones registrales respectivas habían quedado sin efecto en abril de 2006, al cumplirse cuatro años de la adopción de la medida de embargo provisional.
Previamente, los liquidadores encargados de inventariar el contenido de los locales habían presentado un informe en el que llegaban a la conclusión de que las herrikos y ciertas asociaciones culturales "pertenecerían en realidad, material y efectivamente, a la propia Batasuna".
A pesar de dicho informe, la Sala del 61 consideró que en ese momento procesal no podía afirmarse, "con efectos de prueba plena, que el tribunal considere estrictamente acreditadas, con carácter apodíctico e incontrovertible, los hechos, datos y conclusiones que figuran en el informe de los liquidadores". Por ello, pidió informe a Fiscalía y Abogacía del Estado.
La Fiscalía respondió al requerimiento afirmando que aunque entre las herriko tabernas y Batasuna "existe una afinidad ideológica e, incluso, una identidad de pensamiento con todos y cada uno de los objetivos que han prestado su apoyo a ETA", no puede "inferirse la conclusión de que uno y otro son la misma cosa, al menos por el momento".
Por su parte, la Abogacía del Estado proponía el embargo "si quedara acreditado en el proceso que los bienes y derechos" de las herriko tabernas y las sociedades instrumentales investigadas por los liquidadores "pertenecen realmente a los partidos políticos disueltos judicialmente (HB-EH-Batasuna).
