El TSJ se declara competente en el caso de los aparcamientos en el que está imputado el alcalde de Alicante

ALICANTE, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) ha acordado declararse competente en el caso de los aparcamientos adjudicados al empresario Enrique Ortiz, y decidió no aceptar la renuncia de aforamiento solicitada por el alcalde de Alicante y diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, quien se encuentra imputado en este proceso, según consta en la resolución hecha pública hoy por fuentes del TSJ-CV.

De este modo, la sala ha decidido declararse competente para conocer la continuación de las diligencias previas del Juzgado de Instrucción nº 8 de Alicante, por un presunto delito de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad y malversación de caudales públicos en las que figura imputado Luis Díaz Alperi, diputado en las Corts Valencianes.

Así mismo, están imputados también en este caso la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, el concejal de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes, Luis Concepción, el Jefe del Departamento Técnico de Tráfico y Planificación Viaria, Antonio Escobedo, el representante legal de la entidad mercantil Ortiz e Hijos S.A. y contratista de obras, Enrique Tomás Ortiz, así como Santiago Bernaldez Gazapo, director de construcción gerente de la anterior entidad mercantil.

En esta resolución, el TSJ acuerda además solicitar el procedimiento al juzgado de instrucción número 8, continuar con su tramitación, y designar a José Francisco Ceres Montés como instructor de las diligencias previas, según detallaron las mismas fuentes.

La causa del llamado caso de los aparcamientos se abrió tras presentar una denuncia el fiscal de Anticorrupción, Felipe Briones, por las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación de tres aparcamientos públicos en las calles Padre Esplá, Catedrático Soler y Hermanos López Osaba.

Con ello, los imputados pudieron incurrir en los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, malversación de caudales públicos y apropiación indebida al aprobar cambios en los contratos de los estacionamientos que, supuestamente causaron un quebranto económico para el Ayuntamiento de 2,2 millones de euros.

Tras haber ganado el concurso, la promotora presentó un proyecto en el que se incluían importantes modificaciones en la ejecución de las obras. Entre ellas se encontraba la inclusión de ascensores para minusválidos, la utilización de muros pantalla en el aparcamiento de López de Osaba y la mejora en los servicios públicos a reponer.

Estas tres propuestas fueron aprobadas tras pasar las competencias a Tráfico mediante un decreto de la Alcaldía, y a pesar de la oposición de los técnicos de Urbanismo, de los que dependía el proyecto.