BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado la condena de 20 años de cárcel impuesta para Sergi Arrieta, acusado de matar a su novia y después autolesionarse el 28 de mayo de 2000 en el Coll de Lilla, en Valls (Tarragona).
Tras el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado de la Audiencia de Tarragona, la juez condenó a Arrieta por el delito de asesinato con alevosía y ensañamiento y admitió el atenuante de trastorno psicológico que solicitó la defensa.
Además, la sentencia prohibió a Arrieta acercarse a la localidad de Valls durante cinco años y le obligaba a indemnizar con 36.300 euros a la madre de la víctima, con 35.700 euros al padre y a pagar al Estado un total de 37.775 euros.
El abogado de Arrieta recurrió la sentencia y el pasado 17 de mayo se celebró la vista. Finalmente, el 7 de junio se publicó la sentencia, que confirma plenamente la anterior condena de 20 años de prisión. A esta decisión, cabe otro recurso al Tribunal Supremo.
La juez de Tarragona consideró probado que Arrieta mató a la víctima tras darle a conocer ésta que quería terminar su relación. Le clavó al menos 31 puñaladas en una agresión que se inició en el coche y continuó en el exterior ya que ella intentó huir.
Todas las puñaladas fueron dadas en vida y, de acuerdo con la sentencia, ella murió "tras sufrir un intenso dolor" y "sin ninguna posibilidad de defenderse".
Después, él se autolesionó "quedando en el lugar de los hechos gravemente herido". La juez destacó que, en el momento de los hechos, el acusado sufría un trastorno obsesivo compulsivo y un trastorno de la personalidad que, sin embargo, "no anulaba totalmente su voluntad, ni le afectaba de forma notable, sino únicamente de forma reducida".
No obstante, el Tribunal también admitió la petición del jurado de conceder un indulto parcial en caso de que las circunstancias físicas del acusado se agravaran.
La defensa, que en su día solicitó una pena de 10 años de cárcel, podrá recurrir la sentencia de 20 años de prisión dictada por el juez, que se corresponde con la pena que pedía la fiscalía y es inferior a los 22 años y medio que solicitaban las acusaciones.
