El TSJCyL anula la inspección que la Agencia Estatal Tributaria realizó hace 11 años al asesor fiscal César Montes

Ha quedado eximido de pagar más de 540.000 euros tras constatar el tribunal que la investigación vulneró principios constitucionales

La clave radica en que la AEAT no acreditó que el contribuyente hubiera sido incluido en un plan de comprobación de profesionales

VALLADOLID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado nulo todo el procedimiento inspector que la Agencia Estatal Tributaria de Valladolid inició en junio de 1995 sobre el asesor fiscal vallisoletano y ex inspector de Hacienda César Montes al estimar que el mismo fue ilegal desde el punto de vista jurídico administrativo, tras constatar que durante su realización se vulneraron principios constitucionales.

La victoria legal lograda por este contribuyente, once años después de que fuera sometido a investigación, es fruto de la sentencia número 2.018, de 14 de noviembre y notificada el pasado día 13 de diciembre, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, que estima así íntegramente el recurso que el abogado de César Montes interpuso convencido de que la inspección sufrida por su cliente fue totalmente ilícita, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El inspeccionado, a quien la AEAT pretendía liquidar por unos 600.000 euros (100 millones de las antiguas pesetas) por supuestas diferencias entre lo percibido y declarado en los ejercicios de entre 1989 y 1994, ya había presentado, sin éxito, distintas reclamaciones, una por cada uno de los ejercicios inspeccionados, ante el Tribunal Económico Administrativo de Castilla y León, con sede en Valladolid, si bien ahora el Alto Tribunal Castellanoleonés ha fallado a su favor anulando tanto las resoluciones del anterior órgano como las distintas liquidaciones que se giraron contra él.

Dicho fallo, que supone un fuerte varapalo para la Agencia Estatal Tributaria de Valladolid, supone que el asesor fiscal vallisoletano ha quedado eximido de pagar liquidaciones que se elevan a más de 540.000 euros (más de 90 millones de pesetas) y, a mayores, la obligación de la Administración central de pagar al afectado los gastos que le ocasionaron las garantías que hubo de depositar al iniciar el presente proceso para suspender la ejecución de las cantidades reclamadas por el fisco.

La sentencia del TSJCyL es contundente al afirmar que el proceso inspector sufrido por Montes fue ilegal, ya que la AEAT no fue capaz de acreditar que dicho contribuyente hubiera sido incluido en un 'plan de comprobación de profesionales'. Y es que para que sea válido un procedimiento inspector, ha de acreditarse que el inspeccionado está incluido en plan o bien que existe una orden motivada y expresa del jefe, requisitos ambos que no se han dado en dicho caso.

SEGURIDAD JURIDICA VIOLADA

"Por tanto, al no haber cumplimentado tan importante trámite se ha vulnerado dicho principio constitucional, el de seguridad jurídica, determinando en definitiva la nulidad del procedimiento y de las liquidaciones impugnadas", concluye el Alto Tribunal castellanoleonés.

La argumentación dada por el TSJCyL viene a confirmar las tesis que mantuvieron tanto el propio asesor inspeccionado como el fiscal jefe de la Audiencia de Valladolid, Luis María Delgado, quien incluso avaló en su día la polémica suspensión cautelar de la inspección acordada inicialmente por el Juzgado de Instrucción número 5.

Tal postura se tradujo por parte de la AEAT en duras críticas contra la persona de Luis María Delgado, a quien se llegó a acusar de ponerse del lado del asesor fiscal César Montes y de su abogado, Javier Corral, por una supuesta relación de amistad entre ellos.

El denominado 'Caso Hacienda', dado a conocer por Europa Press en 1997, tuvo una repercusión nacional y estalló a raíz de que el asesor fiscal César Montes presentara denuncia por presunta prevaricación contra cuatro altos cargos de la AEAT de Valladolid, entre ellos el entonces delegado especial de la misma, Carlos Lamoca, al considerar que estaba siendo inspeccionado ilegalmente y a partir de una filtración anónima que luego resultó provenir de un ex empleado de la auditora Rivero y Asociados S.L. llamado Luis Olmos Platón.

La denuncia interpuesta por Montes llevó al Juzgado de Instrucción número 5 de la capital, en fecha 3 de febrero de 1997, a dictar auto por el que acordó incoar diligencias contra los cuatro altos cargos de la AEAT--las mismas fueron archivadas el día 9 de mayo--y a acordar, el día 11 de febrero, la paralización de la inspección de la que estaba siendo objeto el denunciante, aunque luego la Audiencia provincial (24 de abril de ese año) levantó esa suspensión.

La suspensión cautelar de la inspección dictada por el juez instructor, la primera de estas características en la historia judicial española, levantó "ampollas' en el entonces Ministerio de Economía y Hacienda ante el temor de que una lluvia de querellas similares pudiera dejar maniatado al Servicio de Inspección.

El 'Caso Hacienda' no pasó ni siquiera desapercibido para el escritor Antonio Gala, quien en un artículo de opinión puso en tela de juicio la capacidad de los jueces para investigar delitos monetarios y reclamó la necesidad de contar con magistrados especializados en la materia.

El juez instructor del caso, Angel Redondo, notablemente molesto con dichas manifestaciones, llegó a amenazar a las partes personadas en las diligencias con la posibilidad de decretar el secreto de sumario para evitar que las mismas fueran filtradas a los medios de comunicación.

En la actualidad, César Montes aún no ha concluido su batalla legal por cuanto tiene recurrida ante la Audiencia Nacional la liquidación que Hacienda trata de cobrarle por el ejercicio de 1990, después de que fuera desestimado el recurso interpuesto ante el Tribunal Económico Administrativo Central.