TSJPV.- EA cree que es "un proceso claramente de intencionalidad política" y reclama "un poder judicial vasco propio"

VITORIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de organización de EA, Rafa Larreina, consideró hoy que la decisión de decretar la apertura del juicio oral contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, es "un proceso claramente de intencionalidad política, que no tiene nada que ver con el derecho penal", y aprovechó la ocasión para volver a reclamar "un poder judicial vasco propio".

En declaraciones en los pasillos del Parlamento vasco, Larreina dijo que "detrás de estos procesos hay un impulso político claro", y añadió que lo que pretende es "debilitar las dos posiciones mayoritarias en este país". Estas posturas son "la apuesta por el diálogo, para resolver los problemas político" y la otra "la apuesta del Gobierno vasco por un nuevo marco jurídico-político y por el reconocimiento del derecho de decisión".

"Queremos decir con total claridad que no van a conseguir debilitar ni un objetivo ni otro", aseguró el representante de EA, antes de subrayar que "detrás de estas posiciones judiciales hay una débil concepción de lo que es el estado de derecho democrático".

En su opinión, "en ningún lugar de la Europa civilizada se concibe que se pueda juzgar a un presidente de Gobierno por cumplir con su obligación, desarrollar sus funciones y establecer un diálogo democrático con todos los representantes de la sociedad a la que debe servir".

Tras considerar que "esto es inconcebible en un marco del Estado de derecho democrático", manifestó que "si con estas iniciativas se pretende trasladar a la sociedad vasca la foto de un lehendakari en el banquillo de los acusados, lo harán pero no podrán engañar a la sociedad".

"La sociedad vasca respalda la posición del lehendakari y de todos los partidos que estamos comprometidos con el diálogo y que hemos mantenido reuniones habituales con líderes de la ilegalizada Batasuna", agregó.

Asimismo, reiteró que EA "se ha reunido, se está reuniendo y seguirá reuniéndose" porque su obligación es "ejercer el diálogo político y los instrumentos que la democracia pone en sus manos para resolver los problemas políticos", de los cuales el principal es la normalización y la pacificación, que están "en el primer lugar de la agenda de EA".

Larreina dijo que "el primer instrumento para resolver los problemas es el diálogo político, sin ningún tipo de limitaciones" y concluyó reclamando "un poder judicial vasco propio", que "tiene especial vigencia con este tipo de actuaciones".

"Es necesario que haya un poder judicial vasco que no esté sometido a los vaivenes de la intervención política, a los intereses partidistas en el conjunto del Estado y a las pugnas que mantienen PP y PSOE alrededor del control del Consejo general del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional", añadió.

Por último, denunció la "deslegitimación del poder judicial que se está haciendo en el Estado por parte de PP y PSOE", que "están dando un triste espectáculo sobre el control partidista de la justicia", y dijo que este es "un argumento más que suficiente para reclamar un poder judicial vasco al margen de esas tendencias" y que responda a "un estado de derecho democrático, en el que la separación de poderes sea una realidad y no una mera declaración de intenciones".