TSJPV.-EB dice que evidencia los "intereses políticos" del TSJPV y su "obsesión patológica" por "ilegalizar el dialogo"

BILBAO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la presidencia de Ezker Batua Berdeak, Mikel Arana, consideró hoy que la apertura del juicio oral contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y los dirigentes del PSE-EE, Patxi Lopez y Rodolfo Ares por reunirse con Batasuna, carece de "cualquier base legal" y pone de manifiesto "los móviles e intereses políticos que están motivando todas las actuaciones del TSJPV" y la "obsesión patológica" del Alto tribunal que quiere "ilegalizar el diálogo político democrático"

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, Arana denunció que esta actitud se enmarca en "un ejercicio de intolerancia impropio de una instancia judicial cuyas actuaciones deben ser perseguidas por la imparcialidad y la objetividad".

Según el portavoz de la presidencia de EB, el auto del TSJPV "contradice" la propia resolución del Tribunal Supremo, que según explicó, en noviembre del año 2006 calificó como inconstitucional la querella presentada por el sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos, Manos Limpias, que "pretendía juzgar a todo el consejo de ministros por impulsar el diálogo con ETA a través de la resolución aprobada en el Consejo de los Diputados, en mayo del 2005".

"El auto que salió antes de ayer no solo ignora estos argumentos sino que también desprecia la petición del ministerio fiscal que reclama el sobreseimiento de la causa simplemente porque no aprecia ningún indicio de delito", señaló Arana, quien recordó al TSJPV "que si se hubiesen utilizado los mismos criterios contra el diálogo político en Irlanda del Norte la paz no sería una realidad, al igual que en Sudáfrica, por ejemplo, no se hubiese abolido la apartheid".

Asimismo, Arana indicó que no habría tribunales suficientes en el Estado Español "para juzgar a todas las personas, agentes políticos y sociales que en un momento u otro nos hemos reunido no sólo con Batasuna, sino que se han reunido con la propia ETA o incluso han autorizado estas reuniones como es el caso del Presidente del Gobierno y sus contactos, o el Congreso de los Diputados".

Por otro lado, el portavoz de la presidencia de EB afirmó que es necesario "dar una respuesta conjunta" ante "un atropello democrático que criminaliza el diálogo político y quiebra la división de poderes al interferir la justicia en la actividad política legítima".

"Hablamos de una respuesta conjunta que debería sumar a los partidos que integramos el tripartito del Gobierno vasco y al propio PSE, una respuesta conjunta en defensa de la indepedencia del poder judicial, en defensa del diálogo político como garantía de paz y convivencia, y en defensa del archivo de una causa que nunca debió abrirse", explicó.

Para Arana, esta respuesta conjunta se debe dar "en el ámbito social, político e institucional", y debe arbitrarse "desde el máximo consenso posible". "Nos parece importante trasladar a la sociedad vasca una imagen de unidad en una materia como esta, porque está en juego no sólo la credibilidad de la justicia sino también la propia vigencia de la constitución aprobada por el Congreso en mayo del 2005 que apostaba por el diálogo político como medio para la resolución del llamado conflicto vasco", concluyó.