Reclaman al Gobierno central que intervenga para frenar los abusos en Valencia
BRUSELAS, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
Eurodiputados conservadores y socialistas pidieron hoy una moratoria urbanística en la Comunidad Valenciana hasta que se modifique la Ley Urbanística Valenciana (LUV) para impedir abusos por parte de los promotores y garantizar los derechos de propiedad. Los parlamentarios reclamaron la intervención del Gobierno de España si la Generalitat valenciana sigue negándose a cumplir las exigencias de la Comisión Europea y de la Eurocámara.
El Ejecutivo comunitario ya denunció la LUV ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en junio de 2007 por considerar que vulnera la normativa comunitaria en materia de contratación pública y está ahora a la espera de sentencia. Por su parte, la Eurocámara ha enviado tres misiones a la Comunidad Valenciana y ha aprobado cuatro resoluciones en las que ya reclamaba la moratoria urbanística hasta que se modificara la legislación.
El eurodiputado conservador británico Neil Parish, el laborista Michael Cashman, y el verde David Hammerstein, reiteraron esta petición de una moratoria en una rueda de prensa ofrecida antes del nuevo debate sobre el urbanismo valenciano en la comisión de Peticiones de la Eurocámara, y en el que se iban a analizar alrededor de 40 denuncias. En la rueda de prensa participaron también el presidente de la asociación 'Abusos Urbanísticos No', Enrique Climent, y el alcalde de Parcent (Alicante), Máximo Revilla.
Cashman, que es el vicepresidente de la comisión de Peticiones, pidió que la moratoria se aplique específicamente a las expropiaciones de suelo y a la demolición de casas edificadas ilegalmente. "Esto es esencial si se quiere que la economía española, y especialmente la construcción, se recupere. En estos momentos hay una falta de confianza en el mercado, que está desbordado por un exceso de urbanización", dijo Cashman. Resaltó que el Gobierno valenciano ha desoído hasta ahora todas las recomendaciones de la UE en materia de urbanismo y reclamó la intervención del Gobierno central para resolver la situación.
Por su parte, el eurodiputado conservador británico dijo que la moratoria "es una buena idea, no sólo desde el punto de vista medioambiental y de los derechos de la propiedad, sino desde el punto de vista del mercado, porque no tiene sentido que España, y esta zona en particular (en referencia a la Comunidad Valenciana), siga construyendo y construyendo mientras los precios caen. Es una situación loca", dijo Neil Parish.
Insistió en que estas reclamaciones están respaldadas por todos los grandes grupos políticos y por muchas delegaciones nacionales. Admitió, no obstante, que sus colegas del PP español no comparten este punto de vista --ya que el PP gobierna en la Comunidad Valenciana--. "Hemos hablado con nuestros colegas del PP y les hemos dicho que tenemos que resolver esta situación y que no se puede pretender que el problema no existe", resaltó Parish.
También se mostró favorable a una moratoria urbanística David Hammerstein, aunque puntualizó que no debería afectar a los derribos de edificaciones ilegales. "Yo haría una moratoria sobre los proyectos que siguen leyes que están ante el Tribunal Europeo de Justicia. Si mañana se modifican las leyes urbanísticas valencianas de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión y del Parlamento, no tengo ningún problema en que se haga un plan urbanístico", dijo.
En todo caso, aseguró que "no hace falta una moratoria legal porque ya existe una moratoria 'de facto'" y resaltó que el sector "ha caído por su propia especulación desbocada".
Por su parte, el presidente de la plataforma 'Abusos Urbanísticos No' dijo que los problemas de abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana "persisten" porque las leyes urbanísticas los han propiciado con su "permisividad".
"Se debe aprovechar la situación actual de la economía española, y en particular de la economía valenciana, que se ha resentido totalmente puesto que el mercado de la construcción ha descendido a niveles que no se conocían desde hacía muchos años, para aprobar de una vez una moratoria urbanística que permita la discusión y la consulta a los ciudadanos para modificar estas leyes que han propiciado tales desmanes", reclamó Enrique Climent, que destacó que el Gobierno valenciano rechaza escuchar las demandas de la plataforma.
También intervino en la rueda de prensa el alcalde de Parcent, que pidió el amparo de la Eurocámara para paralizar los planes urbanísticos aprobados por el anterior gobierno municipal del PP que, según destacó, multiplicarían por seis la población de este municipio de 1.000 habitantes. Máximo Revilla subrayó que estos planes urbanísticos se aprobaron sin informe de impacto ambiental y sin los recursos hídricos necesarios y explicó que, por exigir su paralización y defender la legislación de la UE, uno de los promotores ha interpuesto una querella criminal contra la corporación municipal.
