MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Defensa del Congreso ha aprobado este martes por unanimidad una resolución rechazando la exportación de material de defensa a países en los que pueda ser utilizado en situaciones de violación de los Derechos Humanos, aunque no se mencionan países concretos.
Se trata de una propuesta de resolución presentada por el PSOEen relación con el Informe 'Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, año 2022'.
En concreto, el texto pide "reforzar el enfoque preventivo y la evaluación de riesgos" de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), en la aplicación del artículo 8 de la Ley 53/2007, con el fin de evitar la exportación de material de defensa y tecnologías de doble uso a Estados o zonas de alta conflictividad, con altos índices de violencia armada, en la que los productos españoles exportados "puedan ser empleados en acciones contrarias al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de los Derechos Humanos".
La Comisión de Defensa también ha aprobado una propuesta de resolución del PP que sigue un camino similar. La de los 'populares' pide mejorar las medidas de control del uso final del Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, incluyendo en el Certificado de Uso Final sobre garantías del uso de los productos exportados una cláusula adicional en la que las autoridades receptoras "certifiquen que los bienes recibidos no serán utilizados para facilitar o cometer violaciones graves de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario".
COINCIDE CON LA CONTRAOFENSIVA EN GAZA
Aunque ninguna de las propuestas de resolución menciona concretamente a Israel, la petición coincide con la contraofensiva que el Estado hebreo lleva a cabo en la Franja de Gaza y Cisjordania como respuesta a la masacre de Hamás del 7 de octubre. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) investiga a Israel por presuntamente cometer un genocidio en Palestina, una demanda presentada por Sudáfrica y a la que se ha unido España.
La Comisión de Defensa, no obstante, ha rechazado propuestas de resolución al informe presentadas por Sumar y ERC que iban en la misma línea y sí mencionaban expresamente a Israel.
Los de Yolanda Díaz pedían al Gobierno reforzar y aplicar el cumplimiento del artículo 6.3 del Tratado sobre Comercio de Armas respecto a la revocación de las autorizaciones de exportación de material de defensa a Israel.
Según Sumar, estas restricciones "deben incluir la congelación de entrega de armas cuyos contratos se hubieran podido firmar antes del 7 de octubre y los contratos de material militar o de seguridad cuando existan riesgos reales de uso directo o indirecto en la agresión militar de Israel contra Palestina".
ERC, por su parte, había exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que, valiéndose de un Grupo de Trabajo sobre Armas Convencionales del Consejo de la Unión Europea (UE), promoviera que los Veintisiete adopten "de forma urgente" un embargo de armas europeo a Israel y a los grupos armados palestinos.
El informe objeto de las propuestas de resolución muestra que, en 2022, Israel recibió material de defensa por valor de 9.292.435 euros. El Gobierno sostiene que no se han cerrado acuerdos con el Estado hebreo desde el 7 de octubre de 2023 y que el material de defensa que ha llegado allí procedente de España en estos meses de recrudecimiento del conflicto se corresponde con contratos suscritos con anterioridad a la fecha mencionada.
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