PALMA DE MALLORCA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) calificó hoy de "chapuza" e "improvisación" la Ley de Servicios Sociales aprobada por el Parlament el pasado mes de junio y auguró que esta normativa, que es un "ejemplo de la irresponsabilidad política cometida en nombre de las buenas intenciones", tendrá "consecuencias nefastas" para las islas.
Así, el partido criticó que la Ley tendrá un "efecto llamada" ya que habrá muchas personas que tendrán derecho a prestaciones básicas como alojamiento, alimentación y vestido, si se cumplen ciertas condiciones que además, según destacó UPyD en un comunicado, éstas no se especifican en la normativa.
Asimismo, lamentó que el texto no vaya acompañado de ninguna memoria económica, hecho que, según consideró, "la convierte en un texto voluntarista sin ningún cálculo de posibles beneficiarios, que pueden ser 1.000 o más de un millón".
Por otra parte, señaló que la Ley supondrá un "previsible aumento del déficit público", una "intromisión" en la autonomía de los ayuntamientos con la consecuente "coerción económica" al obligarlos a prever un presupuesto específico.
UPyD también mantuvo que la Ley ocasionará intervencionismo -al entender que los profesionales "pueden intervenir en unidades familiares o de convivencia"-, así como imprecisión, por no especificar los servicios sociales que supondrá la normativa y, finalmente, "intervencionismo político nacionalista".
"OBJETIVO ESPURIO" ESTABLECER LA INTEGRACIÓN EN LA LENGUA PROPIA
Según esta formación, el hecho de establecer como uno de los objetivos la integración en la cultura y la lengua propia de las islas constituye un propósito "totalmente espurio y extravagante" de acuerdo con la finalidad que poseen los servicios sociales que, según UPyD, para ser "eficaces" deben ser ofrecidos en "la lengua materna de los beneficiarios".
La Ley de Servicios Sociales, que entró en vigor el pasado 18 de agosto, prevé la protección de las personas que se encuentran en situación de dificultad, especialmente en lo que se refiere a los colectivos más vulnerables.
El Parlament aprobó esta normativa, con la abstención del PP, mediante la cual Baleares se convirtió en la primera xomunidad autónoma que cuenta con una Ley de estas características, mediante las cuales el Govern prevé, entre otras medidas, planificar y garantizar la cobertura de las prestaciones sociales a todos los ciudadanos.
De acuerdo a lo establecido en el texto de la normativa, una vez se haya valorado técnicamente que una persona o familia se encuentra en situación de necesidad que le impide acceder a una alimentación suficiente, la Administración estará obligada a suplirla a través de diversas posibilidades, como el establecimiento de comedores sociales, bolsas de alimentos y becas para comedores.
Si la Administración no lo hace, el afectado podrá acudir a tribunales para exigir el cumplimiento de este derecho subjetivo a no pasar hambre. El PP se abstuvo argumentando que no queda claro quién asumirá el coste de las garantías que contempla la ley.
Conviene señalar que otras comunidades tienen medidas similares dentro de la cartera de servicios sociales de las respectivas consellerias de Asuntos Sociales. Sin embargo, las islas se convirtieron en la primera región que vincula a una ley la garantía de estos derechos, en las mismas condiciones que la sanidad y la escolarización gratuita.
