Quiere que el Congreso inste al Ejecutivo a sancionar los casos en los que reciban prestaciones públicas mediante fraude de ley
MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
UPyD quiere que el Congreso inste al Gobierno a tomar las medidas necesarias para que los etarras que no pidan perdón a las victimas ni colaboren con la Justicia puedan desempeñar un empleo público tras salir de prisión. Esta es la principal novedad de la moción presentada por la formación que lidera Rosa Díez para que los etarras excarcelados no puedan acceder a prestaciones públicas si no cumplen con estos requisitos y que debatirá el Pleno de la Cámara Baja la tercera semana de noviembre, previsiblemente el martes 19.
En esta moción recogida por Europa Press la formación liderada por Rosa Díez defiende "impulsar las modificaciones legales pertinentes para que los presos excarcelados que hubieran sido condenados por delitos de terrorismo hayan de cumplir determinados requisitos complementarios para tener acceso a la percepción del subsidio de excarcelación u otras ayudas a cargo del erario público". "Estas mismas condiciones le serán exigibles para poder acceder a un empleo público", añade.
La formación magenta solicita también que "se refuerce la vigilancia y la coordinación con otras administraciones para impedir y sancionar la percepción de tales subsidios o ayudas mediante fraude de Ley o incumpliendo los requisitos legales".
"En particular le será exigido la acreditación del abandono y rechazo de la actividad terrorista, la petición expresa de perdón a las víctimas de sus delitos y la colaboración con la justicia", añade UPyD que propone que esta renuncia de la violencia se haga mediante "una declaración expresa de repudio".
Este mecanismo ya se utiliza en el ámbito penitenciario para los casos de etarras que quieren disfrutar de beneficios penitenciarios para lo que se les exige la desvinculación de ETA, el perdón a las víctimas y la colaboración de la Justicia tal y como establece el Código Penal desde su reforma en 2003. Los miembros de ETA que se acogieron a la Vía Nanclares tuvieron que acreditar estos requisitos por escrito, lo que les costó su expulsión de la banda y del Colectivo de Presos.
EL GOBIERNO ESTUDIA MEDIDAS
Esta moción se ha registrado después de que este miércoles Rosa Díez defendiese esta propuesta por medio de una interpelación urgente en el Congreso al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien aceptó la iniciativa y se dio de plazo estas tres semanas previas al debate para trabajar en ello dentro de los límites que marca la ley y solicitando el mayor consenso posible entre las distintas formaciones políticas.
Este jueves la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido la propuesta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde ha anunciado que hasta tres ministerios; Justicia, Interior y Empleo trabajarán para estudiar los mecanismos necesarios que den viabilidad a estas medidas. No obstante la vicepresidenta se ha referido especialmente a aquellos casos en los que los terroristas no hayan satisfecho su responsabilidad civil con las víctimas.
La etarra Inés del Río Prada podría cobrar un subsidio de hasta 7.668 euros al que pueden acceder todas las personas que han permanecido más de seis meses en prisión y salen sin haber realizado un trabajo remunerado dentro y sin tener empleo fuera, entre otros requisitos.
