Valencia insta al Gobierno a desistir del recurso a la Ley de RégimenMatrimonial para evitar "una nueva tropelía"

VALENCIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Gobernación del gobierno valenciano, Serafín Castellano, instó hoy al Gobierno central a desistir del recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Régimen Económico Matrimonial (LREM) para "evitar una nueva tropelía contra los valencianos y que se nos aplique lo que nuestro estatuto dice, que somos competentes en legislar en materia de derecho foral civil y no sólo de manera consuetudinaria", sino que "tenemos la competencia legislativa plena como tienen el resto de comunidades autónomas que tienen derecho foral", aseveró.

Castellano realizó estas declaraciones en un encuentro con los medios en referencia al recurso que tiene previsto presentar hoy ante el Tribunal Constitucional para frenar la paralización de la ley de matrimonios valencianos, cuya aplicación debería haber comenzado el pasado 25 de abril, alegando que se ha producido un fraude de ley por parte del Gobierno central a la hora de presentar su recurso de inconstitucionalidad a la totalidad de la norma valenciana.

En este sentido, el conseller dijo no entender por qué el Gobierno socialista no desiste de este recurso de inconstitucionalidad, ya que, según consideró "este proceso ha estado viciado de fraude procesal en la negociación", ya que el Ejecutivo central sólo consideraba inconstitucionales 11 artículos de la mencionada norma.

Castellano opinó que hay "mala fe" en el fraude procesal, y hoy "vamos a presentar un escrito de alegaciones en base a este fraude procesal", subrayó.

Asimismo, indicó que a finales de mayo, cuando acabe el plazo para presentar la contestación al recurso de inconstitucionalidad, "vamos a dar todos los argumentos al TC para demostrar que tenemos la competencial plena en el ejercicio, en el modo y en la forma de desarrollar nuestro derecho foral valenciano". El TC tiene un plazo de cinco meses para pronunciarse.

Para el responsable de Gobernación la cuestión no es si la ley valenciana es mejor o peor, sino que "se quiere quitar la competencia, lo que significa volver a 1707, cuando la abolición de los fueros". "Y, como quien calla otorga, los valencianos no estamos dispuestos a callar, porque creemos que nos asiste el derecho", subrayó. En este sentido, el conseller se mostró seguro de que al final vencerán en esta batalla jurídica y "política" porque "tenemos más razón que un santo".

"No queremos que se repita la historia" y por eso resaltó que están dispuestos a actuar por la vía judicial y por la política. "Vamos a conseguir algo que los valencianos se merecen y no vamos a privarle de esos beneficios jurídicos que aporta el derecho civil foral a los casi cinco millones de valencianos", manifestó.

Por otro lado, Castellano opinó que una reforma estatutaria "se hace para avanzar y no para retroceder". Y, en ese sentido, recalcó que la reforma del estatuto de autonomía valenciano de 2006 "se hizo para avanzar y para que nadie tuviera ninguna duda en la forma de ejercer nuestro derecho foral civil", que es "uno de los más ricos de la antigua Corona de Aragón" pero que, "paradójicamente, somos el único territorio que no lo podemos aplicar por coyunturas políticas", aseveró.

Por otro lado, recordó que en la negociación de la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano "ningún grupo político estuvo en contra", sobre todo, en una materia en la que "no ha habido un recurso contra el estatuto de autonomía respecto a esta cuestión", como sí lo hubo en el artículo referido al agua, apostilló.

Por ello, el conseller criticó que "no podemos seguir discriminados frente a otras comunidades autónomas. Simplemente queremos el mismo trato y que no se quede el Estado en una situación cómoda ni reduccionista" en base a la sentencia 121/19992 sobre la Ley de arrendamientos históricos valencianos, que según dijo es "muy criticable" y "contradictoria".

Además, señaló que se trata de una sentencia que ha quedado "superada" con la reforma del estatuto de 1994 que "despeja cualquier duda" sobre la cobertura constitucional de la competencia de la Generalitat para legislar en materia de Derecho Civil.

Estas apreciaciones se publican en un informe de la Conselleria en el que establece algunas de las consideraciones sobre la constitucionalidad de la competencia legislativa de la Generalitat en materia de derecho foral. Al respecto, consideran que el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno carece de lógica y de sentido en el contexto del nuevo estatuto de autonomía.