MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ha hecho este jueves un llamamiento a la prudencia sobre la posible validación por los tribunales de la nueva formación de la izquierda abertzale 'Sortu' y ha emplazado a que, lejos de hacer "futurología", se deje actuar a la Justicia.
Tras la inauguración oficial del 'I Foro Concursal. Comunidad de Madrid' organizado por la Fundación del Instituto de Derecho Concursal', De Rosa ha enfatizado que "estamos ante un momento importante" en el que son los tribunales los encargados de determinar si 'Sortu' se "se acomoda o no a la Ley".
A su entender, "cualquier manifestación a favor o en contra" de su ilegalización debería hacerse de forma "muy prudente". "Porque ahora es el momento de la Justicia y es ella la que tiene que decidir si es legal o no", ha remachado.
MANIFESTACIONES PÚBLICAS
Al ser preguntado si el nuevo partido debe condenar los 858 asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA, el vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces ha subrayado que la Ley de Partidos establece que "debe haber un pronunciamiento muy claro con respecto a la violencia". En esta línea, ha añadido que vulneraría los requisitos de la Ley "cualquier partido que fomente la violencia o que tenga algún tipo de connotación violenta".
"A partir de ahí si los tribunales consideran que los estatutos y las propias manifestaciones que se hagan corresponden al circuito de legalidad, se pronunciarán de esa manera", ha indicado, antes de insistir en que la Justicia estudiará "el partido concreto, sus estatutos y su manifestación pública". "No hagamos futurología ni interpretación, dejemos que los tribunales actúen", ha apostillado.
De Rosa se ha pronunciado así tras participar en el Foro sobre la Ley Concursal y la actual insolvencia de la reforma, que celebra desde este miércoles hasta el viernes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Durante su intervención, ha defendido el anteproyecto de reforma de la Ley Concursal y ha aseverado que la normativa no puede convertirse en "una UCI de sociedades casi desahuciadas", aunque ha estimado que se debería "haber incidido más en el derecho procesal".