Actualizado 06/06/2012 21:59 CET

Víctimas asentadas fuera de Euskadi participarán en la definición de políticas públicas de Memoria

BILBAO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las administraciones vascas crearán cauces de comunicación con víctimas de acciones terroristas asentadas fuera de Euskadi para impulsar su participación en la definición de políticas públicas de Memoria y el desarrollo de programas en materia educativa que favorezcan la convivencia, así como los actos de recuperación simbólica que organicen las instituciones vascas, especialmente los ayuntamientos de los municipios en los que residieron.

De esta forma, las administraciones vascas promoverán el restablecimiento de nexos de unión con quienes precisaron fijar su domicilio fuera de Euskadi como consecuencia de haber sufrido acciones terroristas o situaciones de amenazas o coacciones graves y directas procedentes de organizaciones terroristas, para favorecer su participación en la vida pública vasca.

Ésta es una de las propuestas articuladas que recoge la proposición de ley de modificación de la Ley de Reconocimiento y Reparación a las víctimas del Terrorismo, que el PSE-EE pretende sacar adelante con el apoyo del resto de grupos de la Cámara vasca.

Esta iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, trata de favorecer que personas y familias que debieron abandonar Euskadi puedan, si lo desean, volver a fijar su residencia en estas comunidad autónoma, para lo cual la ley debe favorecer el retorno teniendo en consideración tal circunstancia en la modulación de los requisitos de empadronamiento exigibles en la normativa vasca referente a los sistemas de servicios sociales, inserción social, vivienda, empleo, etc, así como contemplar ayudas específicas adecuadas a las necesidades derivadas del retorno.

Igualmente, trata de implementar medidas que, sin exigir un nuevo cambio de residencia, puedan ayudar a la recuperación de lazos y relaciones perdidas como consecuencia de aquel desplazamiento forzoso, así como mantener y, en su caso, reforzar su sentimiento de pertenencia y de participación en la vida de la Comunidad autónoma de Euskadi.

El sistema de asistencia previsto para favorecer el retorno a Euskadi de estas víctimas contempla prestaciones y ayudas compatibles con otras que los interesados puedan recibir de otras administraciones, siempre que no suponga una sobrefinanciación de la actividad a subvencionar.

Para el acceso de estas personas a viviendas de protección oficial, se les eximirá del requisito de empadronamiento en Euskadi. Además, en caso de gasto de adaptación de vivienda, no se exigirá que sea su vivienda habitual, pero sí que lo constituya en el periodo máximo de tres meses desde la certificación final de las obras.

En materia de enseñanza, estas personas tendrán derecho a obtener traslado de sus expediente académico a un centro público o concertado de la red educativa vasca durante el curso escolar correspondiente al tiempo en que se produzca su retorno al País Vasco.

En caso de solicitar prestaciones para la garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, no se le requerirá el empadronamiento y la residencia efectiva en el momento de la solicitud. No obstante, el devengo y el pago de las prestaciones correspondientes quedarán diferidos al momento en que se acredite el empadronamiento y residencia efectiva en Euskadi.

Si estas víctimas desplazadas requieren las prestaciones del Sistema vasco de Servicios Sociales, no se les exigirá el requisito de empadronamiento y residencia legal efectiva en el momento de la solicitud, si bien no podrán disfrutar de las prestaciones hasta que acrediten su cumplimiento.