Vigilancia Aduanera propuso la imputación del exalcalde de Punxín (PSdeG) y del apoderado de Aquagest

OURENSE, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Vigilancia Aduanera solicitaron a la jueza que instruye la Operación Pokémon, Pilar de Lara, la imputación del exalcalde de Punxín (Ourense), el socialista Alfredo Cruz Gago, y del apoderado de Aquagest Casimiro G.F., por las irregularidades detectadas en torno a la actividad de la empresa de aguas en el municipio, donde pasó de realizar asistencias técnicas a gestionar el abastecimiento del servicio.

Un informe de Vigilancia Aduanera incluido en la últimas de las entregas del sumario de la Pokémon, a la que tuvo acceso Europa Press, relata que el exalcalde Alfredo Cruz, regidor de Punxín desde 2007 a 2011, aceleró el procedimiento de adjudicación de la gestión del abastecimiento de agua municipal a pesar de los informes contrarios de los servicios jurídicos de la Diputación de Ourense y de la secretaria-interventora municipal.

"El proceso siguió adelante a pesar de los informes negativos", según los agentes, y en el comité de tres expertos correspondiente "estaban una trabajadora de Aquagest y un técnico municipal que, además, fue el firmante del anteproyecto y de los pliegos técnicos y administrativos del concurso", por lo que no se tuvo en cuenta el principio de independencia para los integrantes.

El informe de Vigilancia Aduanera detalla que antes de ganar el concurso para la gestión del agua en Punxín, Aquagest tenía contratos de seis meses para asistencias técnicas y en 2009 "subcontrató a la empresa de calefacciones del alcalde para un trabajo por un coste superior a lo que Aquagest cobró por el suyo", pues la empresa del agua cobró 20.468 euros del Ayuntamiento de Punxín en 2009 y pagó al alcalde, a través de su empresa, 26.622.

Para los agentes, esta actuación "puede ser indicio de factura simulada para un pago encubierto" y también vinculan el proceso de concurso para adjudicar la gestión del abastecimiento a Aquagest, con el inicio de contrato de uno de los hijos de Alfredo Cruz en la misma empresa, "en la que estuvo hasta mayo de 2011, cuando su padre perdió la alcaldía".

Aquagest se hizo con la gestión del servicio de abastecimiento de agua en Punxín tras un procedimiento que contó con informes negativos recogidos por Vigilancia Aduanera, basados en que el técnico municipal que elaboró anteproyecto y pliegos carecía de cualificación para ello y en que "la gestión directa municipal hasta 2008, supuso un coste de 38.863 euros, según datos de los presupuestos municipales, y pasará a 107.144 euros con la gestión indirecta en 2010".

AQUAGEST MUCHO MÁS CARO

Según el jurídico de la Diputación, "es necesario hacer un diagnóstico previo del servicio antes de externalizarlo, pues el coste de la gestión directa es muy inferior al estimado para la gestión indirecta, con una empresa concesionaria".

Otro de los hijos del exalcalde investigado fue contratado en PAU, del grupo Vendex, y sigue en ese trabajo, según el informe, que incluye también el antecedente del exregidor que fue condenado e inhabilitado para cargo público, durante 8 años y medio, por la Audiencia Provincial de Ourense, por firmar nada más llegar al cargo en 2007, el despido de una trabajadora municipal "que estuvo en la candidatura del PP".

Para el exregidor y el apoderado de Aquagest hasta marzo de 2009 Casimiro G.F., los agentes de Vigilancia Aduanera propusieron, tras su informe de 50 folios en junio de 2013, la imputación por posibles delitos de "fraude a un ente público por concertación para manipular las condiciones del contrato a pesar de los informes negativos".

"Se quebrarían los principios de transparencia e igualdad y existe un tráfico de influencias y cohecho para la obtención de un resultado, por lo que podríamos estar ante la comisión de delitos de fraude y exacción legal, cochecho y tráfico de influencias, entre otros", sostiene.

CONTAMINACIÓN

Los tomos con documentación de Punxín incluyen 888 folios entregados por la Comisión vecinal del agua de Punxín, en marzo y abril de 2013, y las declaraciones ante Pilar de Lara de sus representantes, en relación con la detección de agua contaminada por arsénico en las viviendas.

A raíz de su denuncia, el Seprona de Lugo realizó docenas de análisis de muestras de todas las captaciones de agua de Punxín y entrevistó y pidió documentación a Aquagest, a la Consellería de Sanidade, al Ayuntamiento de Punxín y al Ayuntamiento de Maside.

Los agentes del Seprona apreciaron posible "suministro a sabiendas" al pueblo de agua contaminada con arsénico, por parte de la empresa Aquagest, pues se constató que uno de los pozos abastecedores se contamina de arsénico natural por transferencia de un suelo rico en ese componente. El pozo fue cerrado a principios de 2011 pero abierto meses después "sin comunicárselo a las autoridades sanitarias" y sin haber solucionado el problema.

Los agentes de la Guardia Civil de Lugo también "subrayan" que, por parte de la Consellería de Sanidade, "no existe la apertura de algún expediente sancionador hacia la empresa responsable del servicio, ante las irregularidades observadas por sus inspectoras en varias actas de inspección".

VALEDOR DO POBO

Por su parte, los integrantes de la Comisión vecinal del agua, constituida para estudiar el coste del servicio de abastecimiento recién externalizado y buscar alternativas, llevaron su denuncia a otras instancias.

Uno de los portavoces, Joaquín Moldes, explicó a Europa Press sentirse "satisfecho" porque la jueza lucense incluya a Punxín y el problema del agua en su investigación, "sea cual sea el resultado final".

Explicó que, después de declarar voluntariamente ante la jueza Pilar de Lara, en marzo de 2013, la comisión llevó el tema al Parlamento gallego a través de varias preguntas de grupos parlamentarios "y el resultado es que la Xunta destina 3 millones de euros a la construcción de un nuevo bombeo de agua potable desde el río Miño a las viviendas de Punxín y otro municipio vecino, que ya pasó su fase de exposición pública", relató.

Además, el Valedor do Pobo, en una actuación de oficio, "se interesó también por nuestro problema en noviembre y ya comenzó a pedir documentación al Ayuntamiento", agregó.

La empresa Aquagest, según Moldes, obtuvo la concesión del servicio durante 25 años, "pero renunció en agosto de 2013 y a día de hoy la gestión del agua vuelve a ser directa, del Ayuntamiento, y hay una depuradora de arsénico en el pozo contaminado". "El problema es que se pretende mantener el pago anual de las tasas que se pagaban en la gestión indirecta y el viernes habrá un pleno extraordinario sólo para hablar de ese tema", remató.