Políticos y mandos policiales prestaron testimonios que serán claves en la sentencia que condenará por sedición
MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
La sentencia que dictará previsiblente mañana el Tribunal Supremo en la causa del 'procés' independentista en Cataluña, y que supondrá condenas por sedición y malversación, dará respuesta al intenso debate jurídico que se escenificó durante las 52 jornadas que duró el juicio contra los doce líderes independentistas, nueve de los cuales cumplen prisión preventiva.
La Fiscalía intentó probar que los acusados utilizaron de forma instrumental la violencia para vulnerar el orden constitucional, optando por la rebelión; la Abogacía del Estado rebajó la calificación de lo ocurrido a sedición y las defensas trataron de descalificar el proceso, tachando el juicio de "político".
El Ministerio Público, representado por los fiscales Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, sostuvo en todo momento la existencia de un delito de rebelión y aludió al uso instrumental de la violencia, especialmente el día 20 de septiembre de 2017, cuando 40.000 personas se concentraron ante la Consejería de Economía, y el 1 de octubre del mismo año, con la jornada del referéndum ilegal.
En la misma ponderación de los hechos entró la acusación popular Vox, que pidió condenas por rebelión y organización criminal, mientras que la Abogacía del Estado, representada por Rosa María Seoane, discrepó con la Fiscalía en relación con el uso la violencia.
Los servicios jurídicos del Estado consideraron que los hechos encajan en el delito de sedición porque la violencia, "como un medio de mayor intensidad que el uso de la fuerza", no fue uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por los 12 acusados, y esta es la calificación que ha logrado finalmente la unanimidad en el tribunal.
En el otro bando, estuvieron las defensas, quienes trataron de hacer ver al tribunal --compuesto por Manuel Marchena, Antonio del Moral, Luciano Varela, Juan Ramón Berdugo, Andrés Martínez Arrieta, Luciano Varela, Andrés Palomo y Ana Ferrer-- una realidad totalmente diferente. Tildaron el procedimiento de "político", quisieron hacer un "juicio a la democracia" y afirmaron que la única violencia que hubo fue la actuación policial contra los votantes el día del referéndum.
TESTIMONIOS RELEVANTES
Gran parte de las sesiones se centraron en escuchar a centenares de testigos que desfilaron por el Tribunal Supremo para relatar al tribunal su actuación en aquellos días. Un de los testimonios clave es el del exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que fue el primero en acusar de pasividad ante la Sala a los Mossos d'Esquadra el 1-O, un elemento fundamental para sustentar el relato de la acusación.
En la misma línea incidió el coordinador policial de cara al referéndum, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, quien indicó que en la mañana del 1 de octubre de 2017 hubo "dos sorpresas" que le obligaron a cancelar el dispositivo de coordinación inicialmente acordado con la Policía Autonómica: "la inactuación de los Mossos" y la "virulencia de las murallas humanas" organizadas, otras dos claves de la acusación.
El relato fue apuntalado por el testimonio del teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, jefe de la policía judicial a cargo de la investigación del 1-O, quien calificó de "periodo insurreccional" el transcurrido en Cataluña partir de la actuación en Unipost --donde se encontraron miles de tarjetas censales-- y la operación de registros del 20-S y hasta la aplicación del artículo 155 de la Constitución el 28 de octubre.
Otro de los puntos clave para apuntalar el delito de rebelión o de sedición llegó al juicio de la mano de los mandos de los Mossos Manuel Castellví, Emili Quevedo y Ferrán López, que hablaron de la reunión instada por la cúpula de la policía autonómica, que se celebró el 28 de septiembre de 2017 y a la que acudieron el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, su 'número dos', Oriol Junqueras, y el exconseller de Interior Joaquim Forn.
Según afirmaron, los Mossos advirtieron al exGovern de la posibilidad de que en el 1-O se produjera una escalada de violencia y que la respuesta fue que se seguiría hacia adelante con lo planes separatistas.
Este relato fue reafirmado en la larga y rocambolesca sesión del juicio del 14 de marzo por el que fuera mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, que se enfrentará a su propio juicio por rebelión en la Audiencia Nacional. Ante una pregunta directa de Marchena, admitió que en dicho encuentro transmitió que la policía autonómica estaba con la Constitución y no acompañaba el proyecto independentista.
LA NEGOCIACIÓN DEL REFERÉNDUM
Pero no todos los testimonios fueron de mandos policiales, sino que también hubo algunos de mucha relevancia como el del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, quien manifestó que "siempre" dejó claro en sus conversaciones con la Generalitat que "en ningún caso" negociaría sobre un referéndum de independencia. A su juicio, lo que ocurrió en Cataluña fue que se "liquidó la legalidad vigente" y por ello debió acudir a una medida excepcional como fue la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
También sobre la posible negociación de una votación habló el lehendakari, Iñigo Urkullu, quien relató al tribunal una intensa labor de "enlace" a petición de Carles Puigdemont entre la Generalitat y el Gobierno central. Explicó cómo pese a sus intentos para que el 'expresident' convocara elecciones, éste le reconoció en la víspera de la proclamación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) las "presiones" por parte de su grupo parlamentario, Junts pel Sí, y que la población "se le estaba rebelando", razón por la que renunció según Urkullu a la convocatoria electoral.
El tribunal también escuchó al expresidente de la Generalitat Artur Mas --que estuvo investigado en esta causa-- que reconoció su asistencia a reuniones informales a lo largo de 2016 convocadas por su sucesor en cargo, Carles Puigdemont, y en las que estuvieron presentes los acusados Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull o Carme Forcadell.
LA MALVERSACIÓN
En cuanto a la malversación de caudales públicos atribuida a los nueve acusados que eran miembros del Govern, y que la Fiscalía cifra en unos tres millones de euros, se sustenta en gran medida en el informe defendido con rotundidad el pasado 22 de mayo por las peritos de Hacienda y de la Intervención General del Estado (IGE).
Su contundente intervención en el juicio tuvo como objetivo desmentir las tesis de las defensas sobre la ausencia de delito por el hecho de que determinados gastos atribuidos al 1-O no fueron finalmente abonados a los proveedores simplemente porque se suspendiera su pago, se devolvieran las facturas o se renunciara a su cobro por parte de los proveedores.
Según las expertas, el perjuicio al erario público se produce en el mismo momento en el que se presta el servicio por parte del empresario, lo que ocurrió en los casos analizados como encargos de publicidad, puesta en marcha de páginas web, miles de cartas para miembros de mesa y tarjetas censales que llegaron a las naves de la empresa Unipost o diseños de cartelería relacionados con el referéndum ilegal.
