La Xunta lleva ante el TC la orden de servicios sociales para que las próximas sean en distintas condiciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta acordó hoy interponer un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional contra la orden del Gobierno central que regula la concesión de subvenciones para servicios sociales, con el objetivo de que "la próxima orden no la vuelva a hacer en las mismas condiciones", según el jefe del Ejecutivo gallego, Emilio Pérez Touriño.

En la rueda de prensa posterior al Consello, Touriño consideró que "estaba mal planteada" la orden TAS/421/2008 del 19 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Minusvalidez.

El Gobierno gallego entiende que la norma mencionada vulnera el reparto competencial establecido por la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, al residenciar completamente en el Estado un proceso de subvenciones en relación a una materia que es competencia exclusiva de la comunidad, según se establece en el Estatuto gallego.

La orden no sólo regula las condiciones y el procedimiento de subvenciones, sino que también atribuye al ministerio la totalidad de las funciones de ejecución administrativa, como son la gestión, concesión y pago de las ayudas. En ese sentido, Vicepresidencia cree que el Estado no dispone de un poder subvencional desvinculado del poder competencial, de forma que el poder de gasto no puede ser autónomo de la competencia a la que se refiere.

Touriño explicó que este tipo de conflicto de competencias "forma parte de un diálogo especialmente complejo, pero habitual entre las comunidades autónomas y el Estado" y la enmarcó en el "trabajo ordinario", por lo que se mostró convencido de que "no enturbia ni limita en nada las relaciones de cooperación entre instituciones".

De hecho, se trata del sexto conflicto competencial que el TC deberá resolver entre el bipartito y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya que la Xunta también ha llevado ante el Constitucional por invasión de competencias los parques eólicos marinos, la atribución del Estado de los recursos del IRPF destinados a fines de interés social y se mantiene sin resolver el de los fondos de formación continua, mientras que también presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley del sector eléctrico. Por su parte, el Ejecutivo central tiene recurrida la Ley de Derecho Civil de Galicia.

REACCIÓN DEL PP.

En reacción a este nuevo conflicto competencial entre Xunta y Estado, el presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, se fijó en el hecho de que los recursos de Galicia contra el Gobierno central son "continuos y constantes", lo que para él revela la "falta de diálogo y de colaboración" entre ambas administraciones.

Aunque opinó que "a veces son inevitables", consideró que "lo lógico" es que las comunidades autonómas no presenten recursos contra el Estado. En consecuencia, concluyó que la "cooperación inteligente" defendida por el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, al inicio de la actual legislatura, "se convirtió en decepción" porque en la comunidad gallega "ni se habla ni se negocia".