MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska pidió hoy al Tribunal Supremo que decida sobre la imputación del ex ministro de Defensa y diputado del PP Federico Trillo solicitada por la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak-42 en la causa que investiga las supuestas irregularidades que se produjeron en la contratación del avión, que se estrelló el pasado 26 de mayo en Trabzon (Turquía) causando la muerte de 62 militares españoles.
En un auto hecho público hoy, Grande-Marlaska traslada al presidente de la Sala Segunda del alto tribunal, Juan Saavedra, el escrito de la asociación de familiares, que solicitó la imputación del ex ministro por los delitos de comisión por omisión de homicidio con resultado de muerte, malversación de caudales públicos y falsedad documental, "dado el carácter notorio" de Trillo como "diputado al Congreso". * El magistrado, que traslada el caso al Supremo "sin realizar juicio jurídico alguno", justifica la "urgencia" en la remisión de su escrito argumentando que "el próximo 26 de mayo se cumplen cinco años desde la materialización de los hechos", en referencia al accidente, lo que podría suponer su prescripción.
Para justificar su petición, el juez alude a la necesidad de "garantizar la tutela judicial efectiva" de todas las partes y cita en su escrito el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), que establece, no obstante, que cuando un juez tramite un asunto que sea competencia del Supremo, "ordenará éste a aquél, de oficio, a excitación del Ministerio Fiscal o a solicitud de parte, que se abstenga de todo procedimiento".
La Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak-42 también solicitó la imputación de una veintena de mandos militares, entre ellos el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá; el jefe del Estado Mayor Conjunto (EMACON), teniente general del Ejército del Aire Juan Luis Ibarreta; el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de Ejército Luis Alejandre Sintes; y el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), general del Aire Eduardo González Gallarza.
IMPUTACIÓN DE OTROS CINCO MILITARES
Grande-Marlaska citó ayer a declarar como imputados para los próximos días 23 y 24 de junio a cinco mandos militares que se encontraban en la cúpula militar en 2003, entre ellos el almirante general Moreno Barberá y el teniente general Ibarreta.
Los otros tres mandos militares que tendrán que comparecer en el Juzgado Central de Instrucción número 3 son el jefe de la División de Operaciones del EMACON y del Grupo de Control del Contrato, contraalmirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.
El accidente del Yakovlev-42, que tuvo lugar en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003, provocó la muerte de 62 militares españoles que regresaban de su misión en Afganistán, en lo que significó la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz.
REAPERTURA DE LA CAUSA
La causa sobre las presuntas irregularidades en la contratación del Yak-42 se volvió a abrir en noviembre de 2007 después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corrigiera las actuaciones del juez Fernando Grande-Marlaska.
Desde ese momento comparecieron ante el magistrado el ex ministro de Defensa Federico Trillo, que atribuyó la responsabilidad de la contratación al EMACON; su sucesor en el cargo, José Bono, que aseguró que las quejas llegaron al jefe de gabinete del ministro; y otros cinco mandos militares.
También testificaron en la Audiencia Nacional el ex presidente de la Asociación de Familiares de las víctimas, un perito aeronáutico propuesto por la acusación que atribuyó el accidente al cansancio de los pilotos, y un comandante que recibió un correo electrónico de un compañero fallecido en el accidente en el que le decía que el avión siniestrado había sido contratado a "piratas aéreos".
En abril pasado, la Sala de lo Penal también obligó al juez Grande-Marlaska a reabrir una segunda causa relativa a la identificación errónea de los cadáveres, que se encuentra en los trámites previos al juicio oral.
