SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, aseguró hoy que el convenio suscrito en el día de ayer por la Junta de Andalucía con la Ciudad Autónoma de Ceuta incluye medidas concretas "que van destinadas directamente a los ciudadanos y a mejorar su bienestar y calidad de vida".
Durante su intervención en comisión parlamentaria, Zarrías explicó que este acuerdo define el protocolo marco suscrito el pasado 3 de septiembre por el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el presidente de Ceuta, Juan Vivas, y con su firma se cumple el compromiso del presidente de la Junta de materializarlo antes de final de año.
Asimismo, afirmó que, en poco más de un año de vigencia del Estatuto de Autonomía para Andalucía, se "ha cumplido" la previsión establecida en el artículo 228, sobre las especiales relaciones con Ceuta. El acuerdo, que tendrá una vigencia de dos años, ha sido calificado por el vicepresidente de "histórico" ya que no existe precedente similar en Andalucía o cualquier otra Comunidad Autónoma. Además, ha destacado que el resultado final recoge el 90 por ciento de las propuestas presentadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma y "hemos añadido otras líneas y ámbitos de colaboración".
En su intervención, ha ido desgranando el contenido del convenio que contempla 60 líneas de actuación en 18 ámbitos diferentes. De él, destacó las actuaciones que se llevarán a cabo en materia de política social, entre las que ha citado la colaboración en materia de vigilancia epidemiológica y farmacovigilancia; la participación de los profesionales sanitarios ceutíes en diversos programas de formación andaluces, y la implantación conjunta de unas jornadas sobre Salud Pública en el Estrecho. En cuanto a las acciones en materia educativa, se ha referido al apoyo que se presta en la formación del profesorado y al alumnado mediante el acceso a materiales educativos.
En cuanto a políticas de igualdad y de mujer, el vicepresidente subrayó que se establecen importantes líneas de colaboración, entre otras en la atención e inserción de las víctimas de violencia de género, incluyendo la utilización de las casas de acogida, porque "entendemos que la lucha contra la violencia de género no puede admitir ni tan siquiera barreras territoriales administrativas".