El Gobierno de Navarra impulsa un plan global para dar respuesta a las agresiones que sufren los empleados públicos
PAMPLONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
En 2007 se documentaron un total de 172 notificaciones de agresión externa a empleados públicos de la Comunidad foral. En concreto, 127 notificaciones pertenecen al Servicio Navarro de Salud; 36 son notificaciones de empleados públicos de la Administración Núcleo, y 9 pertenecen a Educación.
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Caballero, presentó hoy en rueda de prensa el plan global de prevención y actuación frente a agresiones externas en el puesto de trabajo, dirigido a todo el personal al servicio de la Administración de la Comunidad foral y sus organismos autónomos.
El consejero constató que en los últimos años se han ido produciendo "algunos casos de agresiones externas -físicas, comportamientos insultantes y amenazas- en puestos de trabajo", aunque precisó que estos casos de violencia "no son numéricamente relevantes, ni por la frecuencia ni por el porcentaje de empleados de los sectores afectados".
"Sí son importantes, porque todos estos casos atentan contra la dignidad y los derechos de las personas trabajadoras y suponen una amenaza a la salud personal, además de un perjuicio al buen funcionamiento de la Administración", añadió.
En el Servicio Navarro de Salud, con 9.000 trabajadores, se ha observado desde 2005 un incremento de las notificaciones de agresión. La mayoría de las agresiones físicas se producen en centros o servicios relacionados con la salud mental y, por puestos, las sufren enfermeras y auxiliares de enfermería. Así en 2007, se recogieron en cómputo global, en este ámbito, 127 notificaciones.
El grupo de trabajo del ámbito de la Educación -no tiene en cuenta al personal docente universitario- recoge los resultados de una encuesta realizada a principios de 2007, en la que participó el 48 por ciento de los 7.173 docentes registrados, sin tener en cuenta a los de la enseñanza concertada, con los que se alcanzarían los 10.000. En este documento, se recoge, que en 2007 el servicio de Inspección recogió 9 notificaciones hasta la mitad del curso pasado.
Del resto de la Administración, con 6.000 empleados, el servicio de inspección contabilizó en 2007 un total de 36 agresiones, consistentes en amenazas, insultos y alguna agresión física leve. Ninguna derivó en baja laboral. La mayor parte, 26, se registraron en una residencia de ancianos y el resto en el Instituto Navarro de Salud Laboral (5), contra técnicos de medio ambiente (3), en una oficina de empleo y en un centro de salud.
Según indicó el consejero, estos comportamientos pueden darse "en situaciones en las que las personas, con factores de estrés derivado de la propia situación, puedan encontrarse con una predisposición al comportamiento violento".
CONTENIDO DEL PLAN
Además de identificar a los colectivos con especial riesgo (Servicio Navarro de Salud, Educación y el resto de la Administración, denominada Administración Núcleo), el plan garantiza a los afectados la asistencia sanitaria, letrada y la investigación del incidente.
También establece compromisos de formar al personal en medidas de prevención, registrar las agresiones e incluso promover campañas de concienciación ciudadana sobre los deberes y derechos de los usuarios.
Caballero destacó que la violencia en el trabajo "ha sido identificada como un riesgo emergente para la salud y la seguridad de los empleados, de forma especial en los servicios públicos de carácter asistencial o en aquellos puestos de trabajo que exigen un contacto directo y constante con los usuarios". Según el plan global también es una amenaza para la eficiencia y el éxito de las organizaciones.
Mediante este documento, el Gobierno foral adapta la normativa general de prevención de riesgos laborales al ámbito de la Administración de la Comunidad foral y asume el compromiso de crear condiciones que tiendan a la eliminación, prevención y control de los factores de riesgo laboral.
Este plan se lleva a cabo desde los principios básicos de rechazo explícito a cualquier acto de violencia, tutela a las víctimas y prevención, protección y eliminación de este fenómeno, de manera que se minimicen las consecuencias y garantice la continuidad de la actividad en el menor tiempo posible.
El consejero estuvo acompañado en la rueda de prensa por el director de Recursos Humanos del Servicio Navarro de Salud, José María Ayerra; el director general de Inspección y Servicios del departamento de Educación, Francisco Javier Esparza; y el director general de Función Pública del departamento de Presidencia, Justicia e Interior, Gregorio Eguílaz.
SISTEMA DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN
Cada ámbito de la Administración de la Comunidad foral y sus organismos autónomos serán los encargados de desarrollar el plan global, especificando para ello las acciones concretas que darán cumplimiento a las líneas básicas.
El plan detalla la implicación que deben asumir los diversos estadios de la estructura organizativa. Encomienda a los directores generales y responsables de direcciones de organismos autónomos su difusión, así como favorecer la información y formación en materia de prevención; y a los directores de centros, de recursos humanos o responsables de unidad, la formación específica en situaciones conflictivas, la elaboración de informes sobre agresiones ocurridas en su centro, colaborar en la resolución de conflictos y en la investigación de lo ocurrido y la implantación de medidas preventivas, entre otros.
Los servicios jurídicos informarán a los trabajadores sobre sus derechos y vías de acción posibles, además de ofrecerles asistencia letrada o asesoramiento para la resolución de conflictos. Los servicios de prevención deben registrar e investigar los episodios violentos.
Los empleados agredidos, junto con su responsable inmediato, tendrán que cumplimentar una hoja de registro de agresiones que será remitida a la dirección del centro y al servicio de prevención de su ámbito de trabajo.
Podrán acceder a apoyo psicológico y asistencia jurídica o asesoramiento, en función de la naturaleza de los hechos y sobre todo si la víctima ha decidido denunciar agresiones físicas, delitos y faltas contra la libertad (amenazas y coacciones) o contra el honor (injurias e insultos). Al respecto, se editará una guía de orientación jurídica.
La defensa y la representación legal se efectuará a propuesta de los consejeros o directores generales. La Administración se hará cargo de los daños materiales causados a empleados públicos en determinados supuestos.
