La organización alertó de que "el problema de torturas es serio", ya que aunque "no es sistemático hay denuncias en todo el Estado"
PAMPLONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional solicitó hoy al Parlamento de Navarra que pida al Gobierno central que ponga fin "inmediatamente" al uso de la detención en régimen de incomunicación, por ser el español "uno de los regímenes más duros de Europa", y exigió que "mientras esto no se consiga, se tengan en cuenta una serie de salvaguardas que protejan a los detenidos de malos tratos y torturas".
Amnistía Internacional participó hoy en una sesión de trabajo en el Parlamento foral, donde presentó a los parlamentarios navarros el informe 'España: Salir de las sombras. Es hora de poner fin a la detención en régimen de incomunicación', en el que se indica que España mantiene "uno de los regímenes más estrictos, con los que incumple las obligaciones que ha contraído en virtud de los Derechos Humanos", y recuerda que el Ejecutivo "justifica el uso del régimen aduciendo razones de seguridad nacional y pública".
Sin embargo, la organización reprochó que la detención "no sólo viola los derechos importantes de las personas detenidas, esenciales para un juicio justo, sino que ha sido duramente criticado porque facilita la tortura y otros malos tratos" mientras el detenido "no puede hablar con un abogado ni con un médico de su elección y los familiares viven con la angustia de no saber qué le ha ocurrido".
Se trata de la tercera vez que esta organización comparece en comisión en la Cámara navarra desde el año 2005 y, en esta ocasión, lo hicieron el director de la sección española de Amnistía, Esteban Beltrán, y la encargada de relaciones institucionales de la asociación en Navarra, Marian Martín.
Tras la reunión con los parlamentarios, ambos ofrecieron una conferencia de prensa en la que explicaron que durante el encuentro en la Cámara pidieron a los políticos a que insten al Gobierno de Navarra, "aunque no existe un problema en el marco de la incomunicación (por no haber competencia en el ámbito de la Policía Foral), a que promueva la introducción de equipos de grabación de vídeo y audio en todas las zonas donde puedan estar presentes los detenidos".
Asimismo, pidieron que se garantice a todas las personas privadas de su libertad "su derecho a un abogado de libre elección en privado, que les examine un médico de su elección", y garanticen que todas las personas detenidas puedan ejercer su derecho a notificar o hacer que se notifique sin demora a un familiar o a otra persona de su elección, el hecho y lugar de la detención".
En este sentido, Beltrán alertó de que "el problema de tortura es un problema serio en España", pues aunque "no es sistemático, se reciben denuncias consistentes y persistentes en todo el Estado", y consideró que se encuentran "especialmente vinculadas a un alto componente racista", a la vez que destacó, "el agujero negro que representa el régimen de incomunicación de personas acusadas de terrorismo".
PREVENCIÓN Y SANCIÓN E INVESTIGACIÓN
El representante de Amnistía explicó que hay dos ámbitos "fundamentales" en la lucha contra la tortura, uno de ellos es la prevención y, otro, la sanción e investigación de casos de tortura". Respecto al de prevención, Beltrán dijo que se "han hecho algunos avances importantes con videocámaras bajo control judicial en lugares de detención; especialmente en Cataluña (con 2.500 videocámaras), y en el País Vasco, explicó.
En esta línea, habló de avances en el ámbito autonómico, que "no se han dado en la Guardia Civil y la Policía Nacional todavía", y dibujó un panorama "complejo" derivado de "problemas de sobreseimiento e impunidad o deficiencias estructurales en la investigación de torturas".
Por su parte, Martín recordó al respecto que la ley de Enjuiciamiento Criminal de España permite mantener a una persona recluida en régimen de incomunicación cinco días, y hasta 13 si es sospechosa de delitos de terrorismo. Un periodo, continuó, que se compone de una fase de 5 días más de incomunicación bajo custodia policial que puede prorrogarse otros 5 más de incomunicación en prisión provisional. Además, el juez puede imponer tres días más de detención en este régimen.
UN ÁMBITO COMÚN DE TRABAJO
Respecto a la postura de los grupos parlamentarios, tanto Beltrán como Martín coincidieron en apuntar que "parece que todos los grupos parlamentarios se oponen a la tortura", e interprentaron tras este encuentro que "hay grupos que están de acuerdo con la evolución del régimen de incomunicación y otros que no".
Sin embargo, adelantaron que "puede haber un ámbito común de trabajo en lo que se refiere a las garantías de los detenidos como las videocámaras o el aumento de la tutela judicial". "Un lugar común de encuentro" en el que trabajarán esperando a que "los parlamentarios pasasen del dicho al hecho".
No obstante, Beltrán exigió a los políticos que "no liguen el debate sobre torturas y malos tratos a ninguna legitimación de ETA ni nada por el estilo", y les recordó que tanto la tortura como los malos tratos son "un delito, como cualquier otro, y debe investigarse. Es una obligación del Estado", recordó.
Además, reiteraron que Amnistía "condena los abusos contra los derechos humanos cometidos por la banda terrorista y cualquier objetivo que pretenda justificarlos", aseveró Beltrán.
DEFENSOR DEL PUEBLO
Además, los miembros de la organización mantuvieron hoy una reunión con el Defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz, a quien entregaron el informe analizado en el Parlamento.
Según indicó Beltrán, fue "una visita interesante" que permitió establecer un primer contracto que "servirá para un trabajo posterior a nivel internacional en temas que este órgano entienda", dijo.
Así, Beltrán afirmó que Enériz se mostró "completamente de acuerdo en realizar este avance sobre grabaciones y videocámaras", pues "estas medidas de prevención tienen un doble efecto: protegen al detenido de torturas y también al policía de las falsas denuncias".
