PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Asuntos Ciudadanos del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este martes, con los votos a favor de UPN, PSN y PP y las abstenciones de EH Bildu y Contigo-Zurekin, una declaración en contra de la prostitución y la trata y explotación sexual.
En la declaración, propuesta por el PSN, el Consistorio muestra su "firme compromiso" con "la erradicación de la trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual y con la eliminación de todas las formas de violencia y explotación contra las mujeres".
También se declara el compromiso del Ayuntamiento de Pamplona con "una política abolicionista de la prostitución, que sitúe en el centro la dignidad, los derechos y la libertad de las mujeres, y que combata tanto la explotación sexual como las estructuras económicas y sociales que la sostienen".
En tercer lugar, se insta al equipo de gobierno a "la aprobación de una ordenanza municipal abolicionista como la elaborada por el movimiento feminista (ordenanza tipo abolicionista del sistema prostitucional de la plataforma de organizaciones de mujeres por la abolición de la prostitución), que ponga el foco en la erradicación de la demanda, a través de la denuncia, persecución y sanción del prostituidor y del proxeneta, prestando apoyo, acompañamiento, recursos y protección a todas las mujeres inmersas en el sistema prostitucional".
También se emplaza al equipo de gobierno a "diseñar una campaña periódica de sensibilización y prevención, dirigidas al conjunto de la población, en especial a la juventud, para visibilizar la prostitución como una manifestación de las mujeres, tal y como recoge la Ley Foral 14/2015 y que cuestione su normalización, la cosificación de las mujeres y la demanda de servicios sexuales a cambio de dinero".
En un quinto punto, se acuerda reforzar, "dentro de las competencias municipales, los recursos de atención, acompañamiento y protección dirigidos a mujeres en situación de prostitución o víctimas de la trata, garantizando el acceso a los servicios sociales, sanitarios, psicológicos y jurídicos municipales, así como a programas de formación, empleo, vivienda, etc".
Finalmente, se acuerda "promover acciones de formación específica para que el personal municipal pueda intervenir en la detección y atención de posibles víctimas, con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y especial atención a la diversidad cultural y a las situaciones de vulnerabilidad".