Comptos dice que la operación de adquisición del 1% de Iberdrola fue "válida y eficaz" aunque "atípica y no habitual"

Actualizado: miércoles, 16 enero 2008 18:00

PAMPLONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comptos afirmó hoy que la operación de adquisición del 1 por ciento del capital de Iberdrola por parte de Sodena, en febrero de 2005, fue "válida y eficaz", aunque "atípica y no habitual" dentro de la política de inversiones de la empresa pública navarra.

A petición del grupo parlamentario socialista, Comptos ha remitido al Parlamento un informe en el que explica que Sodena adquirió el 10 de febrero de 2005 el 1 por ciento de Iberdrola a instancias del Gobierno, en los términos indicados y negociados previamente por el mismo. La decisión del Ejecutivo foral, añade, estuvo basada en razones denominadas "de interés estratégico".

Según Comptos, la operación de adquisición del 1 por ciento del capital de Iberdrola, con un coste de 173,55 millones, fue "válida y eficaz" desde el momento de su formalización, aunque "atípica y no habitual" dentro de la política de inversiones de Sodena, orientada fundamentalmente a la realización de operaciones de capital riesgo, participando de forma temporal en el capital de empresas.

El informe del órgano fiscalizador afirma que, con carácter previo, esta operación "debió ser acordada y aprobada tanto por el comité de Inversiones de Sodena como por su Consejo de Administración".

De acuerdo con los estatutos de la sociedad pública y con su ley de creación, expone Comptos, el Gobierno de Navarra debió autorizar la operación previamente al acuerdo del consejo de Administración de Sodena, dado que la participación en el capital social de Iberdrola es inferior al 5 por ciento, superior al 15 por ciento de los recursos propios de Sodena y no consta que se trate de una ampliación de capital de Iberdrola o que dicha empresa estuviera en proceso de fusión o reestructuración.

En opinión de la Cámara, el director general de Sodena, en el momento de confirmar la compra de acciones en nombre de la empresa pública, en febrero de 2005, "no tenía poder suficiente para ejecutar la operación ni el Consejo de Administración lo había facultado expresamente".

El informe indica que la operación fue ratificada posteriormente por el Consejo de Administración de Sodena, el 3 de marzo de 2005, y autorizada también posteriormente por el Gobierno de Navarra, concretamente el 14 de marzo de 2005. "De acuerdo con la normativa vigente -señala el informe- esta ratificación y autorización validan la operación, resultando éste eficaz desde el momento de su formalización".

Respecto a la financiación de la operación, el informe señala que Sodena recibió una propuesta de crédito sindicada, acordada y aprobada por la comisión ejecutiva de Caja Navarra, sin que conste que la hubiera solicitado. La empresa analizó la propuesta, propuso la participación en la misma de otras entidades financieras y concertó un crédito con un límite de 120 millones, vencimiento anual, tipo de interés al Euribor + 0,375 por ciento anual y con la garantía del valor de 7 millones de las acciones adquiridas.

"La elección de la operación de cobertura con Caja Navarra -señala el informe- se justifica en que es la que mejor puede cubrir las necesidades de Sodena, priorizando el criterio de seguridad sobre el de rentabilidad y coste".

El órgano fiscalizador indica que a 3 de diciembre de 2007 el valor de las acciones de Iberdrola que posee Sodena ascendía a 403 millones. Descontados los gastos de la operación, la plusvalía conseguida a esa fecha era de 138 millones. El importe de los dividendos y primas de asistencia cobrados por Sodena hasta dicha fecha ascienden a 21,5 millones.

A la vista del procedimiento seguido para la compra de acciones de Iberdrola, la Cámara de Comptos recomienda que los objetivos estratégicos y las decisiones económicas derivadas de los mismos estén soportados en análisis económicos, que se regulen las condiciones y límites de la Administración a la hora de realizar inversiones en bolsa y se considere la conveniencia de informar al Parlamento sobre dichas operaciones.

Asimismo, el informe aboga por que las empresas públicas cumplan los procedimientos establecidos y su normativa propia a la hora de autorizar y aprobar las operaciones.