La consejera de Asuntos Sociales dice que la retirada del recurso debe abordarse en la Junta de Cooperación

Actualizado: martes, 21 agosto 2007 17:38

Esparza (CDN) replica a Caldera que quien debe reflexionar es él porque "sabe" que el Constitucional dictará en su contra

PAMPLONA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Asuntos Sociales del Gobierno foral, María Isabel García Malo, precisó hoy que esta institución no podrá retirar el recurso de inconstitucionalidad mientras no se reúna la Junta de Cooperación Navarra-Estado, prevista para dirimir conflictos de competencias.

En declaraciones a Europa Press, afirmó que el conflicto entre ambas administraciones no se resuelve pidiendo a una u otra parte que modifique sus posturas sino convocando la Junta de Cooperación. Al respecto, recordó que el Gobierno foral ya ofreció esta vía a la correspondiente secretaria de Estado antes de dirigirse al Constitucional, lo que finalmente hizo porque concluía el plazo.

García Malo también insistió en que el propio presidente Miguel Sanz avanzó al Partido Socialista en su discurso de investidura que convocar la Junta es la "línea que se debe seguir".

"Es importante ser firme en la defensa de las competencias pero estamos abiertos a debatir en la Junta sobre los puntos de vista de cada uno. Y se aclara, perfecto", apuntó la consejera.

García Malo precisó que "en ningún caso" el recurso cuestiona el derecho de todos los españoles a una atención mínima a la dependencia. Además, tampoco conlleva una paralización en la aplicación de la ley. La consejera aclaró que el recurso pone en duda el nivel "intermedio" de la norma, al considerar que afecta a competencias exclusivas de Navarra.

SABE QUE PERDERÁ

Por su parte, Carlos Esparza, miembro de CDN, replicó al ministro Caldera que quien debe reflexionar sobre el recurso es él, puesto que sabe "perfectamente" que el Tribunal Constitucional fallará en su contra. Le animó a que, en la Junta de Cooperación Navarra-Estado, acepte reformar la Ley de Dependencia.

Según explicó Esparza, en la pasada legislatura director general de Bienestar Social, la norma establece tres niveles de atención a la dependencia, el básico, el acordado y el adicional. El primero reconoce los derechos con carácter universal. Navarra no recurrió este nivel, máxime teniendo en cuenta que es la "primera y única" comunidad que ha ampliado el derecho de atención a todos los ámbitos, también la infancia, familia o personas en exclusión. "Es un derecho que reconocemos de manera más amplia", apuntó.

La Comunidad foral recurrió el nivel "acordado". Este prevé que una mayoría de CCAA lo establezca y el resto de comunidades lo tienen que asumir. "Navarra pierde la capacidad bilateral de negociación con el Estado", criticó. CDN también discrepa del sistema de financiación, pues da a entender que Navarra no tiene asumida la asistencia social, cuando se trata de una competencia "exclusiva".

"Navarra tendría que pagar el 1,6 por ciento y recibir un 1,3 por ciento", apuntó. Señaló que el sistema de financiación de la Ley es "lesivo" para la Comunidad foral, puesto que las relaciones financieras con el Estado se realizan a través del convenio económico. El cupo vasco, con el visto bueno de IUN, "que aquí se opuso al recurso", ya se ha adaptado a la nueva realidad, apuntó.

Esparza también insistió en que el recurso no paraliza la aplicación de la Ley de Dependencia, como insinúa el ministro Caldera. "Ninguna persona va a ver menoscabados sus derechos. Quiere que retiremos el recurso porque sabe perfectamente que ha hecho una ley inconstitucional", concluyó.