PAMPLONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
El sindicato ELA afirmó hoy que el proyecto de Cartera de Servicios Sociales "no da respuesta a las necesidades existentes" y es "insuficiente", entre otras cosas porque "desvirtúa el principio de universalidad, discriminan a los inmigrantes, no garantiza la cobertura pública y sólo atiende a las dependencias severas".
El coordinador de ELA en Navarra, Mitxel Lakuntza, e Imanol Pascual, miembro del gabinete del estudios del sindicato, comparecieron hoy en rueda de prensa para valorar el proyecto de Cartera de Servicios Sociales que les remitió el Gobierno a finales de 2007.
Según Pascual, el departamento que dirige Maribel García Malo les hizo llegar un ejemplar del proyecto la última semana de diciembre para que hicieran aportaciones al mismo, dentro del proceso de participación abierto en los últimos meses antes de su aprobación.
Sin embargo, según Pascual, el plazo para hacer aportaciones acababa el 7 de enero, con lo que no les dio "tiempo a estudiarlo como merecía". Así, consideró que "el proceso de participación no ha sido tal" y se ha hecho en estos plazos "con una clara intencionalidad por parte del Ejecutivo foral".
Pascual explicó que, en la actualidad, la red pública de los servicios "es muy escasa, prácticamente inexistente", ya que en Navarra hay 40.376 personas dependientes (21.994 mujeres y 18.382 hombres) y si se suman las personas que reciben atención domiciliaria (3.776) y las que reciben atención en centros de día (315) y en centros residenciales (5.999) obtenemos que únicamente 10.090 personas reciben algún tipo de atención pública, "con lo que el 75 por ciento de la población dependiente no recibe ningún tipo de cobertura".
Además, la mayoría de los centros donde se ofrece esta atención "son de titularidad privada", según Pascual, que subrayó que de los 71 centros residenciales que ofrecen atención, 49 son de titularidad privada.
VALORACIÓN DEL PROYECTO DE CARTERA
Una vez analizado el proyecto de Cartera de Servicios Sociales, Imanol Pascual sostuvo que han comprobado que "no da respuesta a las necesidades existentes por varias razones". En primer lugar, cree que "desvirtúa el principio de universalidad establecido en la Ley de Servicios Sociales, ya que en muchas de las prestaciones los requisitos resultan excesivamente restrictivos y lo que hacen es impedir el acceso de determinada gente a prestaciones que realmente necesita".
Además, criticó que el proyecto diferencia entre prestaciones garantizadas y no garantizadas y el cumplimiento de las primeras podrá ser exigido judicialmente, mientras que el de las segundas, no". Además, "las prestaciones no garantizadas se ofertarán en función de la dotación presupuestaria", añadió.
Pascual también aseguró que se "discrimina a las personas inmigrantes, porque prácticamente en la totalidad de las prestaciones se excluye a las personas inmigrantes extracomunitarias y sólo en algunas prestaciones se contempla que sean atendidas, pero únicamente si pertenecen a determinados colectivos o en base a una indefinida gravedad".
Tampoco se garantiza, a su juicio, una cobertura pública, "porque el texto regula la posibilidad de que la prestación de los servicios se haga desde la vía privada, no garantizándose la existencia de unos servicios sociales públicos de calidad".
Por otro lado, en la cartera "se consolida la figura del copago, de forma que la persona usuaria tiene que pagar por recibir el servicio que necesita y la cartera solo enumera qué prestaciones quedan sujetas a copago y cuáles no". Tampoco establece cuál es el funcionamiento del copago, "sino que lo deja a expensas de un posterior desarrollo reglamentario, por lo que se cierra las puertas a un sistema de servicios sociales gratuito".
Asimismo, apuntó que "se prima la prestación económica frente a la oferta de servicios y además, las prestaciones que se recogen son totalmente insuficientes para lo que cuesta realmente un servicio adecuado y profesional".
Pascual destacó que no se regulan las condiciones de los trabajadores en las empresas privadas, "en un sector donde principalmente trabajan mujeres, con salarios que no alcanzan los mil euros".
Por último, aseguró que el proyecto "no supone un avance en la lucha contra la pobreza, porque las referencias a la renta básica, o a las prestaciones de emergencia social no suponen ninguna mejora de las actuales coberturas, que dejan a una parte importante de la población por debajo del umbral de la pobreza".
