PAMPLONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las 108 familias adjudicatarias de la cooperativa Maristas II, procedentes del Censo de Solicitantes de Vivienda Protegida de Navarra, han reclamado al Gobierno de Navarra, a su empresa pública Nasuvinsa y al Ayuntamiento de Pamplona "una implicación directa y efectiva" después de que la constructora haya abandonado el proyecto.
Tras una asamblea celebrada este miércoles, las familias han afirmado en una nota que, "ante una situación excepcional, las administraciones no pueden limitarse a observar el problema desde fuera", y han defendido que "el proyecto sigue siendo viable y cuenta con financiación formalizada, pero para retomarlo se necesitan medidas técnicas, económicas y normativas que solo las instituciones pueden aportar".
Por ello, las familias han solicitado formalmente la creación de una mesa de trabajo con el Gobierno de Navarra, Nasuvinsa, el Ayuntamiento, la propia cooperativa y los agentes técnicos.
A su juicio, esta mesa debería abordar las medidas técnicas y económicas necesarias para continuar la obra; las ayudas y adaptaciones aplicables a una promoción de vivienda protegida, en régimen cooperativo y de rehabilitación de un edificio existente; las alternativas para contratar una nueva constructora; las garantías para mantener la calificación y la viabilidad de las viviendas protegidas, y un calendario concreto de actuaciones y compromisos.
Las familias han destacado que el Ayuntamiento ha afirmado públicamente que "no dejará caer Maristas", aunque también que carece de competencias directas. Ante esas dos posiciones, la cooperativa ha pedido que "se concrete qué garantías existen para que la promoción protegida siga adelante y qué medidas está dispuesto a adoptar cada administración".
La cooperativa ha señalado además que ya advirtió de "las consecuencias de desvincular las 48 viviendas libres de las 108 protegidas".
Las familias han pedido que "las declaraciones de apoyo se traduzcan en hechos".
La paralización se produce tras la rescisión unilateral del contrato por parte de la constructora, que la atribuye a un incumplimiento de la propiedad. La cooperativa lo ha rechazado y ha asegurado que puede "acreditarlo documentalmente". Según ha indicado, la constructora "conocía el proyecto y su grado de desarrollo antes de formalizar el contrato, y durante el proceso se mantuvieron reuniones de coordinación, se atendieron sus requerimientos y se facilitó la documentación solicitada". "Además, la constructora presentó un presupuesto actualizado y la cooperativa respondió a sus requerimientos por escrito y propuso una visita, aportando la documentación solicitada", ha señalado. Mientras sus asesores jurídicos analizan esa situación, la cooperativa buscará constructoras alternativas.
"El tiempo pasa y la incertidumbre tiene un coste económico y personal para las familias. Las 108 familias de Maristas II seguimos aquí y pedimos que las administraciones den también un paso al frente", ha finalizado señalando la cooperativa.
