El fiscal rebaja su acusación y las 19 personas que se encadenaron en Itoiz aceptan una multa de 150 euros

PAMPLONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal rebajó hoy su acusación contra las 19 personas que en junio de 2003 se encadenaron en varias viviendas de Itoiz, coincidiendo con el inminente derrumbe del pueblo para llenar el embalse, y decidió calificar los hechos como una falta en vez de como un delito de desobediencia grave, lo que propició un acuerdo con los procesados.

Así, los 19 imputados aceptaron ser condenados por una falta de desobediencia a agentes de la autoridad con el pago de una multa de 150 euros. El fiscal había pedido inicialmente una pena de nueve meses de prisión por un delito de desobediencia grave.

El juicio por estos hechos se resolvió finalmente esta mañana con la conformidad entre las partes, durante la vista oral que tuvo lugar en el Juzgado de lo Penal número 2 de Pamplona.

Los hechos que se enjuiciaban tuvieron lugar el 16 de junio de 2003, fecha en la que, según reconocieron los 19 imputados, se encadenaron en varias viviendas de Itoiz como muestra de "protesta" por el inminente derribo del pueblo y el posterior llenado del embalse.

Todos los acusados coincidieron en asegurar hoy durante la vista oral que su intención era la de que el derribo "no pasara desapercibido a la opinión pública". Los imputados coincidieron en señalar también que desconocían la existencia de dos autos judiciales que obligaban al desalojo de Itoiz en el momento en que ellos se encadenaron.

Los bomberos y la Policía Foral tardaron dos días en desatrapar a las 19 personas. Uno de los agentes del cuerpo autonómico que participó en el operativo recalcó hoy que el objetivo de los procesados era "retrasar cien por cien, el mayor tiempo posible", su liberación.

Sin embargo, los 19 procesados sostuvieron que en todo momento colaboraron con la Policía Foral, que les indicaron qué pasos tenían que seguir para ser liberados de sus cadenas sin peligro y que nunca conocieron la existencia de los dos autos judiciales en los que se ordenaba el desalojo.

Así las cosas, el fiscal consideró que "la conducta de los procesados merece reproche penal", pero rebajó su acusación a falta "ante la imposibilidad de determinar si existió o no orden directa de los agentes" para exigir el desalojo. "No queda constancia de la orden concreta, determinada y conocida por todos los acusados", recalcó.

Por su parte, la defensa de los acusados apuntó que "la conducta de los procesados no es constitutiva ni de delito ni de falta, pero aceptamos como mal menor la calificación de falta".

Finalmente, el letrado del Gobierno de Navarra, que pedía una responsabilidad civil de 36.000 euros a los acusados por el coste extraordinario que supuso el mantenimiento del operativo, aceptó renunciar en el juicio de hoy a su demanda, aunque se reservó el derecho a utilizar en el futuro la vía civil para seguir reclamando esta cuantía económica.

ENCADENADOS A LA PARED

Según declararon hoy los acusados, la mayoría de ellos se encadenaron a un tubo que a su vez estaba incrustado en la pared de las viviendas y que requería de un instrumento específico por parte de los bomberos para ser desalojados.

No obstante, los bomberos tuvieron que aplicarse en mayor medida para desatrapar a dos personas que se encerraron en una estructura de hormigón y chapa construida en el interior de una vivienda y en la que permanecieron desde el lunes 16 de junio hasta el miércoles 18.

"Básicamente nuestra intención era llamar la atención sobre lo que iba a ocurrir en Itoiz, porque ya sabíamos que no podríamos impedir lo que después pasaría", resaltó uno de los acusados que se encerró en ese armazón.

No obstante, las 19 personas que participaron en estos hechos negaron haber acordado con antelación su actuación y asimismo rechazaron que hubiera preparado ellos los sistemas de anclaje necesarios para encadenarse. Muchos de ellos aseguraron no conocerse entre sí, y otros afirmaron que fueron solos a la localidad.

Además, todos sostuvieron hoy que en ningún momento los agentes de la Policía Foral les ordenaron que desistieran de su actitud y recalcaron que, aunque quisieran desencadenarse, no podían hacerlo, porque no tenían llaves de los candados y necesitaban de la ayuda de terceras personas.