El Gobierno de España ha destinado 9 millones de euros a la aplicación de la ley de Eficiencia de la Justicia en Navarra

PAMPLONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha destinado 9 millones de euros a la aplicación de la ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia en Navarra, según los datos presentados por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

La norma, según han destacado desde la Delegación del Gobierno en una nota, "ya está ofreciendo resultados tangibles en la agilización de procedimientos, uno de sus principales objetivos". En vigor desde el pasado mes de abril, "ha logrado reducir los actos de comunicación pendientes (notificaciones, requerimientos, etc.)" y "ha demostrado su efectividad en la agilización de las ejecuciones de sentencias".

Además, los ciudadanos han realizado casi 98.400 trámites judiciales en las Oficinas de Justicia en el Municipio, desde su creación en el mes de junio. Antes no existía la posibilidad de llevar a cabo estas actuaciones telemáticamente desde cualquier municipio.

Para la implantación del nuevo modelo, el Ministerio ha realizado una inversión que supera los 325 millones de euros, procedentes de fondos europeos, en las 12 comunidades con la competencia de Justicia transferida. En Navarra, la inversión roza los 9 millones de euros.

La ley de Eficiencia supondrá un ahorro de cerca de 300 millones de euros en los próximos 10 años en esas 12 comunidades. En Navarra se espera que sea de casi 4 millones de euros.

Tal y como preveía la ley, más de 300 Tribunales de Instancia ya han entrado en funcionamiento durante este año "sin incidencias", 4 de ellos en Navarra.

En cuanto a la coordinación, desde que arrancó la implementación de la ley el grupo de trabajo técnico creado por el Ministerio con las comunidades autónomas ha mantenido 27 reuniones de seguimiento y también se han celebrado siete Comisiones Sectoriales a lo largo del año.

El Ministerio también ha organizado un plan de formación sobre la nueva norma para jueces, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios, así como un programa de sensibilización para operadores jurídicos con decenas de sesiones celebradas por todo el territorio.

Se han celebrado 280 sesiones informativas sobre los tribunales de instancia, 305 cursos de formación en digitalización con más de 15.000 matriculados, y una Jornada de Directores de Servicios Comunes con cerca de 300 asistentes.

Esta reforma, "trabajada durante lustros en el Ministerio, supone la mayor transformación de la Justicia desde el siglo XIX". Una "mejora conseguida gracias al compromiso de todos los agentes implicados": comunidades autónomas, jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios de Justicia, entre otros.

NOVEDADES INTRODUCIDAS

La ley de Eficiencia "supone la mayor reforma estructural de la Justicia en décadas" y su objetivo es "convertirla en un servicio público más ágil, moderno y cercano a la ciudadanía".

Introduce una "reforma organizativa que moderniza una planta judicial diseñada en el siglo XIX": transforma los tradicionales juzgados unipersonales (3.800) en 431 Tribunales de Instancia, órganos colegiados donde los jueces se dividen en secciones especializadas (civil, penal, violencia sobre la mujer, etc.) y cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

Esto "permite una mayor agilidad porque se optimizan recursos, se reparten mejor las cargas de trabajo y se logra una mayor flexibilidad para adaptarse a las necesidades".

Por otro lado, la ley de Eficiencia incluye "un cambio procesal clave para reducir los litigios, fomentar la cultura del diálogo entre las partes y agilizar la tramitación de conflictos".

Se trata de la obligación de recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en asuntos civiles y mercantiles antes de iniciar cualquier proceso judicial.