Gobierno foral acuerda con UAGN, EHNE y UCAN la posición común de Navarra con respecto a la PAC 2021-2027

PAMPLONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno foral, Itziar Gómez, ha acordado con el sector agrario la posición común que defenderá Navarra con respecto al modelo de aplicación de la Política Agraria Común (PAC) 2021-2027. En este pacto se plasma el recorte de presupuesto de los fondos europeos y se incide en la necesidad de definir el modelo de aplicación.

Estas y otras medidas se incluyen en el acuerdo firmado este viernes por la consejera con los presidentes de las organizaciones agrarias UAGN, Félix Bariáin; EHNE, Imanol Ibero, y UCAN, José Mari Martínez.

La consejera Itziar Gómez ha manifestado que "para poder avanzar es necesario un acuerdo político para que el Ministerio defina ya el modelo de aplicación de la PAC, que priorice al agricultor profesional, que defienda la explotación familiar agraria o promueva producciones agrarias sostenibles".

Gómez ha explicado que el acuerdo se concreta en 12 puntos y se enviará el ministro y a los consejeros autonómicos porque "nos parece importante que tengan conocimiento del nivel de acuerdo y del posicionamiento de Navarra".

Por su parte, Félix Bariain ha señalado que éste es "un paso importante para ir como comunidad con un posicionamiento claro, definido". "La potencia de este acuerdo se debe de plasmar en Madrid en la negociación con las CCAA", ha dicho, para ha agregado que "es importante que la Administración navarra se ponga de lado de los agricultores y ganaderos y luche con los mismos objetivos". "Es importante que vayamos todos juntos", ha reiterado.

El representante de EHNE Imanol Ibero ha realizado una valoración "muy positiva" del acuerdo porque "aporta un contexto cohesionado entre la Administración y el sector agricultores y ganaderos". Ha realizado una "defensa del modelo familiar, agrario y de las políticas de establecer topes".

El presidente de UCAN, por su parte, ha señalado que tenemos que "ser capaces de ilusionar a la gente, que nuestros pueblos y nuestras cooperativas estemos capacitados para seguir viviendo en nuestros pueblos". "Es importante lo que se negocie, el dinero debe ir bien orientado", ha dicho, para agregar que "tenemos que ser muy luchadores y no condenar a nuestras explotaciones".

EN EL ACUERDO

En concreto, el texto recoge el rechazo a la propuesta lanzada por el presidente del Consejo Europeo de recortar un 14 por ciento los fondos agrarios para el periodo 2021-2027. "Cualquier disminución del presupuesto agrícola para el próximo periodo dificultaría la consecución de los ambiciosos retos económicos, sociales y medioambientales planteados. El presupuesto ha de ser acorde con los objetivos perseguidos", añade.

Respecto a la defensa del modelo de explotación familiar, el acuerdo indica que el pago redistributivo debe ser la herramienta que permita discriminar positivamente a un determinado modelo de explotación. En el caso de Navarra, se defiende el modelo de explotación familiar agraria integrado principalmente por profesionales y con una actividad real.

En cuanto al incremento de medidas en la cadena alimentaria, el acuerdo indica que es necesario "fortalecer e impulsar las organizaciones de productores, la integración cooperativa e intervenir a nivel de cadena alimentaria". "Hay que romper con la situación de desequilibrio en la que se encuentra el productor e incluir en los reglamentos medidas de control que posibiliten unas relaciones más equitativas a lo largo de toda la cadena de valor", señala.

OTRAS MEDIDAS

Además, el acuerdo recoge que "el actual modelo de aplicación de la PAC 2014-2020 ha resultado difícilmente entendible por el sector, muy complicado de gestionar y que no va a conseguir alcanzar, al igual que sus predecesoras, los objetivos marcados: garantizar rentas, garantizar la seguridad alimentaria europea, mejorar la competitividad, reparto equitativo del valor en la cadena alimentaria, luchar contra el cambio climático, dinamizar las zonas rurales, simplificación, etc.".

También se señala que "es difícilmente comprensible y difícilmente justificable establecer un modelo de cálculo de pagos directos (suponen el 85% del presupuesto del primer pilar) basado en el histórico de derechos fijados en el periodo 2000-2002 a nivel individual". "El nivel de apoyo que reciben las explotaciones viene marcado por la orientación y dimensión de esa explotación en el periodo de referencia citado. Aquellas explotaciones que se han redimensionado o reorientado, han tenido que salir al mercado a comprar derechos y se ha alimentado la especulación", exponen.

Según añade el acuerdo, "si es importante el cómo se asignan los pagos, no menos importante es el quién es el beneficiario de esos pagos". "Visto el fracaso que ha supuesto la figura de agricultor activo, vemos necesario abrir el debate de quién puede recibir pagos PAC. Y tenemos claro que el agricultor profesional ha de ser prioritario", agrega.

Indica que el 'capping' (establecer límites máximos) "debe ser la herramienta que marque topes máximos de ayuda por explotación" y que "el pago redistributivo tiene que tener dotación propia además de nutrirse con los fondos provenientes del 'capping'". "En Navarra iría destinado a titulares PAC que justifiquen un número máximo y mínimo de UTAS (Unidad de Trabajo Agrario), afirma.

Los firmantes apuestan por una PAC orientada a promover producciones agrarias sostenibles económica, social y ambientalmente, alineadas con las demandas de la sociedad y por el refuerzo de los mecanismos de regulación de mercado.

Y manifiestan que "evidentemente, una PAC orientada solo al mercado no reconoce en su totalidad los valores que nos aporta este modelo". "Creemos que es necesario marcar líneas rojas. No podemos permitirnos que las importaciones de productos de países terceros supongan la destrucción de tejido productivo en Europa. Entre otras cosas porque le estamos exigiendo al sector garantías en materia de seguridad y salubridad alimentaria en la UE, cuestiones estas exigibles también a los productos provenientes de países terceros en base a la reciprocidad", señalan.

En este sentido, indican que "por qué no poner en valor el concepto de soberanía alimentaria". "Apostamos por dotar de contenido el concepto de preferencia comunitaria, activar los sistemas de protección en frontera en cuanto se detecte que las importaciones de un producto pongan en jaque a un determinado sector", dicen.

Finalmente, apuestan también por mantener sus competencias en el marco del Desarrollo Rural. "El segundo pilar nos permite diseñar políticas propias adaptadas a nuestro territorio y a la realidad de nuestro sector productivo además de que nos permite amortiguar alguno de los efectos negativos que la aplicación del primer pilar tiene en determinados sectores y territorios. Además nos va a posibilitar avanzar en la lucha, mitigación y adaptación al cambio climático. Por otra parte el Programa de Desarrollo Rural (PDR) nos permite desarrollar estrategias de desarrollo local participativas, sobre las que es necesario también abordar una importante revisión. El medio rural del siglo XXI debe ser ambicioso en sus objetivos y abierto en la concepción y desarrollo de lo que queremos que sean nuestros pueblos", argumentan.