PAMPLONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
El derecho a participar en las políticas públicas, la capacidad ciudadana para controlar al Ejecutivo mediante propuestas al Parlamento, la petición de organización de procesos deliberativos, presupuestos participativos, o consultas ciudadanas en torno a cuestiones públicas son algunas de las nuevas medidas recogidas en el proyecto de Ley Foral de Participación Democrática que ha aprobado este miércoles el Gobierno de Navarra.
Con esta norma, el Ejecutivo pretende "desarrollar el marco legal y los instrumentos necesarios que permitan a la ciudadanía profundizar en su derecho a participar en la toma de decisiones de los poderes públicos, tanto las adoptadas por la Administración Foral como las de las entidades locales".
Así lo ha explicado en la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, que ha incidido en que la ley busca "impulsar, fortalecer y ensanchar los mecanismos participativos, poniéndolos a disposición de la ciudadanía".
Con ello, el Ejecutivo persigue "dar respuesta a la demanda creciente de la sociedad de tener mayor implicación en los asuntos públicos, ejercicio éste que supone una condición esencial de la innovación democrática y pública", ha informado el Gobierno, que señala que el acuerdo programático preveía el fomento de la participación ciudadana. Con este mismo fin, el Gobierno de Navarra aprobó el pasado mes de junio el Plan de Impulso a la Participación Ciudadana 2017-19.
El texto normativo, que será remitido al Parlamento de Navarra, ha seguido durante su proceso de elaboración un proceso participativo que ha implicado a agentes institucionales, sociales y ciudadanía.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
La nueva norma pretende "profundizar en el derecho de la ciudadanía navarra a participar en la toma de decisiones que incidan en el interés público, promoviendo para ello cauces que garanticen una participación real y efectiva en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas".
El proyecto de ley, ha añadido el Ejecutivo, "aumenta también las herramientas ciudadanas para ejercer control al propio gobierno y poder así influir en las políticas públicas". Amplía también las obligaciones de las propias administraciones respecto al fomento y promoción de la participación y regula la creación del Consejo Navarro de Participación Ciudadana.
El proyecto de Ley Foral se estructura en 65 artículos agrupados en seis títulos. Entre las novedades, el Título II introduce tres nuevos cauces participativos: los procesos deliberativos, los presupuestos participativos y las consultas ciudadanas, que se suman a cauces como los Foros de consulta y paneles y jurados ciudadanos.
Por su parte, el Título III reconoce a la ciudadanía la posibilidad real de promover iniciativas legislativas, impulsar mociones, declaraciones, reprobaciones, preguntas, interpelaciones, peticiones de información y Comisiones de Investigación a través del Parlamento Abierto. Se trata de medidas que configuran de una manera novedosa el Derecho de Petición recogido en el artículo 29 de la Constitución, ha añadido el Gobierno.
El Título IV, que regula la organización administrativa de la participación, se articula en torno a la creación de un espacio web de participación en el que "se centralizan y visibilizan las diferentes realidades participativas". Por un lado, será el espacio en el que la Administración informe de todos sus procesos, pero "servirá también para que la ciudadanía pueda defender sus propuestas, recoger firmas o alojar archivos que estime oportunos".
En esta línea, el Título V "regula de manera novedosa la recogida de firmas mediante un sistema de usuario y contraseña validado por la administración, más rápido, ágil y accesible que la tradicional recogida en papel".
El Título VI, por último, se ocupa de las medidas de fomento y sensibilización de la participación ciudadana entre la sociedad navarra, "apostando por instrumentos que logren concienciar tanto a las administraciones públicas forales y locales como a la propia ciudadanía de la crucial importancia de la misma", ha concluido el Gobierno.
